El PE cierra la puerta a una agencia de control de emisiones de automóviles

El Parlamento Europeo (PE) cerró hoy la puerta a una agencia comunitaria independiente de control de emisiones de los automóviles que evite nuevos fraudes de vehículos contaminantes como el del fabricante alemán Volkswagen.

A pesar de que así lo recomendaba la comisión de investigación de la Eurocámara incoada tras el conocido como “dieselgate”, en la votación final del pleno no se han conseguido apoyos suficientes para una propuesta que no contaba con los votos de populares, liberales y conservadores y reformistas, tres de los cuatro grandes grupos en escaños.

Socialistas, ecologistas y la Izquierda Unitaria abogaban por una agencia supranacional de control de emisiones, sobre todo porque la principal conclusión de la comisión de investigación del PE, publicada a finales de febrero, señalaba que el fraude de las emisiones contaminantes de vehículos se podía haber evitado de no haber habido mala gestión de la Comisión Europea y los Estados miembros.

Actualmente las pruebas las realizan las compañías de homologación, que como denunció el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi a Efe, en algunos países no son del todo independientes.

La eurodiputada de PP Pilar Ayuso defendió por su parte que no era “necesario” crear una agencia europea y pidió que se reflexione sobre si la UE está siendo “demasiado exigente con determinados sectores que tienen que competir con el resto del mundo”.

El texto llama, por otro lado, a que los compradores de vehículos sean financieramente compensados por las automovilísticas, y para ello propusieron a la Comisión Europea establecer un marco europeo para reclamar las indemnizaciones que pudieran derivarse.

El informe, que no es legalmente vinculante, incluye la llamada para la CE y los Estados de obligar a las compañías a llevar a cabo sus exámenes de emisiones en carretera, y no en laboratorio, unos test que estuvieron en el centro del fraude del “dieselgate” pues las pruebas no se asemejaban a las condiciones de circulación real.

La comisión de investigación parlamentaria concluyó que desde 2004-2005 las autoridades europeas y nacionales eran conscientes de que las pruebas que se les practicaban a los automóviles no eran precisas, aunque se imputaban a errores en la medición, por ejemplo, en el óxido de nitrógeno (NOx) emitido por los vehículos.

En 2007 la Comisión Europea (CE) recibió el mandato para diseñar controles que se asemejaran más a las condiciones reales de conducción, pero su tramitación fue extremadamente lenta.

En 2015, estalló el escándalo del “dieselgate”, cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas.

El Ejecutivo comunitario presentó poco después su propuesta para mejorar los controles que, entre otros puntos, dota a la propia Comisión Europea de poderes para sancionar directamente a los fabricantes.

Actualmente los Estados deben sancionar a los constructores que incumplan la normativa y el Ejecutivo comunitario solo puede multar a los países y no directamente a las marcas.

Bruselas ha abierto expediente a siete países -Alemania, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa- por su presunta laxitud en los castigos a los fabricantes implantados en sus territorios.

En el debate previo al voto, la eurodiputada de IU Paloma López afirmó que uno de los “responsables políticos” del “dieselgate” fue el actual presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que entre 2010 y 2014 ocupó la cartera de comisario de Industria.