El PE pide facilitar el mercado interior a ciudadanos y empresas de la UE

La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo pidió hoy a la Comisión Europea (CE) nuevas medidas para facilitar la vida a empresas, estudiantes y trabajadores, ya que pese a la libertad de movimiento en la teoría todavía existen muchas barreras burocráticas en la práctica.

Los eurodiputados aprobaron por unanimidad (32 votos a favor y ninguno en contra) el informe “Las 20 principales preocupaciones del Mercado Único” elaborado con motivo del 50 aniversario de esta conquista comunitaria.

Las diferencias en la fiscalidad de los Veintisiete es el origen de varias de las preocupaciones tanto para ciudadanos que han devengado derechos de pensión en otro país, como para empresas que buscan subvenciones en otro Estado miembro o que quieren reclamar el IVA pagado en otro país de la Unión Europea (UE).

En este último caso, por ejemplo, se ha desarrollado un formulario electrónico único para reclamar ese impuesto en vez del antiguo sistema de impresos en papel, si bien “los profesionales se quejan que no está funcionando en la práctica”, dice el texto.

En el caso de los trabajadores que tienen que exportar sus pensiones a otro Estado miembro, “ocurre que se enfrentan a la doble imposición fiscal en el país de origen y de destino”, se lamenta.

Otra de las preocupaciones de las que se hace eco el informe son las dificultades para registrarse en un sistema de seguridad social distinto al propio al establecerse en otro Estado miembro.

“Muchas personas que se desplazan encuentran muy complicado de comprender cuáles son los nuevos derechos en términos de desempleo, ayudas familiares u otros beneficios”, apunta el informe.

Ante esa realidad “que causa gran frustración”, los eurodiputados piden “mayor armonización de los sistemas” de seguridad social “en los aspectos más básicos y dejar los detalles a las especificidades de cada uno”.

En el capítulo de los problemas de los ciudadanos, destaca la problemática de recibir atención médica en otro país comunitario.

“Los ciudadanos se sienten frustrados al recibir la factura del servicio porque piensan que con la tarjeta de salud europea recibirán el mismo tipo de tratamiento y con la misma cobertura que en su propio país”, apunta el texto, que ha recogido las quejas ciudadanas a lo largo del año.

La telefonía y su carestía por culpa de las tarifas “roaming” (itinerancia) al entrar en otro país resulta otra gran preocupación ciudadana.

“Hay falta de información sobre las tarifas y opciones, a menudo complejas de comprender para los usuarios”, se apunta.

Profesionales y estudiantes también se quejan de las dificultades a las que se enfrentan para ver reconocidos sus títulos académicos en otro país o de la existencia de condiciones de admisión discriminatorias en instituciones extranjeras.

“Los estudiantes que quieren estudiar fuera se enfrentan a prácticas de admisión discriminatorias a la hora de poder acceder a apoyo financiero respecto a los estudiantes del propio país”, apunta el informe.

Finalmente, el documento destaca la dificultad de luchar por los derechos de propiedad intelectual cuando en casos que afectan a varios países.

“Los negocios se encuentran con barreras gravosas cuando intentan proteger en el conjunto de la UE sus productos innovadores de su competencia por ejemplo intentado patentar el producto, un acto que resulta difícil y caro”, señala el texto.