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PP y PSOE acuerdan mantener contratos temporales de más de tres años en la Administración
- El sindicato CSIF había alertado de que la combinación de este artículo con otro de los presupuestos gallegos podía suponer miles de despidos en la Xunta
El PP y el PSOE han acordado eliminar las restricciones a la contratación temporal y de personal interino en las Administraciones y en las empresas, sociedades y fundaciones públicas que figuraban en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017. En ellos se limitaba a tres años la duración máxima de los contratos de interinos.
Ahora, según una enmienda acordada por los dos principales partidos del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, la redacción final del artículo 19 de la Ley de Presupuestos prohíbe la contratación de personal temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, “excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.
Al poner ahí el punto final, se eliminan las restricciones contempladas anteriormente para limitar este tipo de contratos a sectores que pudieran ser considerados prioritarios o que afectaran al funcionamiento de los servicios públicos.
Asimismo, también se excluyen sus límites temporales, ya que la duración de los contratos estaba restringida a menos de tres años, impidiendo también el encadenamiento de contratos durante más tiempo. Esta limitación había sido acordada por el PP y Ciudadanos, y secundada por PNV y UPN en la Comisión de Presupuestos, por lo que fue incorporada al proyecto de Presupuestos.
Ahora, a su paso por el Pleno del Congreso, el Gobierno ha aceptado eliminar tanto la restricción sectorial como la duración máxima y la prohibición de encadenamiento de contratos más allá de los tres años.
Recientemente, el sindicato CSIF alertaba de que la combinación del citado artículo que ahora ha sido modificado otro del presupuesto gallego amenazaba con despidos masivos en la Xunta.
Afecta a empresas y fundaciones públicas
De la redacción anterior desaparece asimismo la posibilidad de imponer sanciones y de exigir responsabilidades por actuaciones irregulares de los órganos de personal competentes de cada una de las administraciones y de las entidades del sector público.
Y, además, al estar incluida en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos que se refiere a la contratación de personal en el sector público, esta prohibición afectará a las sociedades estatales, las sociedades mercantiles públicas, los consorcios y las fundaciones públicas.
