El PP rechaza la comparecencia de Báñez en comisión para no “hurtar el debate al Pleno” del Congreso

El PP ha rechazado este martes la petición de comparecencia urgente de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en la comisión del ramo en el Congreso para dar explicaciones sobre la prórroga del Plan Prepara alegando que eso supondría “hurtar el debate al Pleno”, que es donde se convalidan los decreto ley como éste.

El diputado 'popular' Rafael Merino ha acusado en la Diputación Permanente del Congreso a los socialistas --proponentes de la petición-- que en su “afán por desgastar al Gobierno retuerzan la Constitución”. “Pretende que la ministra comparezca en la comisión restando al Pleno el debate. Esto se tramita y se convalida ante el Pleno de la cámara, y ustedes pretenden deshacerse de este asunto con una comparecencia en comisión”, ha reprochado.

Sin embargo, la portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Concha Gutiérrez, ha justificado la necesidad de que Báñez dé explicaciones urgentes en que “ha dado la espalda a los sindicatos negándose a negociar los cambios del programa, porque no estaba cuando había retrasos en el pago y no se sabía el futuro del programa, y porque su prórroga se ha hecho tarde y mal, con un nuevo ataque a las familias de clases medias y trabajadoras”.

Y es que, a su juicio, la prórroga se ha hecho como consecuencia de la presión social y ha resultado una “gran chapuza y un gran fraude” porque “ya no es un plan de recualificación profesional” sino que se limita a una serie de medidas para “reducir al máximo el número de beneficiarios”, afectando fundamentalmente a los jóvenes.

HACEN FALTA ACLARACIONES

El resto de grupos de la oposición ha coincidido en la necesidad de estas explicaciones. Así, el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, cree que es necesario aclarar los cambios introducidos, que “empeoran la prestación sin resolver los problemas de su naturaleza jurídica” y que hacen que “la concesión de esta renta se aproxime mucho a lo discrecional” por la “naturaleza metajurídica” de los nuevos requisitos, que “desincentivan” a solicitarla.

En la misma línea, el diputado de CiU Pere Macias también considera “absolutamente procedente” que la ministra dé explicaciones sobre “el por qué y el cómo se ha decretado su continuidad”. Aunque la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también había reclamado la comparecencia, no ha podido defender su iniciativa al haberse retirado de la Diputación como protesta por el anuncio del PP de que votará en contra de todos los puntos, incluso antes de debatirlos.

TAMPOCO SOBRE LA REFORMA LABORAL

Por otra parte, el PP tampoco ha aceptado la petición del PSOE para que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado, Engracia Hidalgo, expliquen la evolución del mercado laboral desde la entrada en vigor de la reforma 'popular'.

El exministro de Trabajo socialista Jesús Caldera ha justificado su petición en que, tras casi medio año de aplicación de la reforma laboral del PP, los datos de paro “histórico” son “muy negativos” y “no se ha visto al Gobierno muy preocupado, ni a la ministra estudiar cómo mejorar las políticas activas de empleo”.

Por eso, ha insistido en la necesidad de que la ministra o su secretaria de Estado comparezcan “hoy mejor que mañana, y esta semana mejor que la siguiente” para mantener un “debate indispensable” sobre este asunto.

La demanda de explicaciones ha sido apoyada por otros grupos parlamentarios de la Cámara. Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, considera que ya se ha demostrado que las “coartadas” del Gobierno para su reforma laboral no se han cumplido, ya que la medida no ha creado empleo, mientras que Alfred Bosch, de Esquerra (ERC) entiende que “es necesario hablar” de las políticas activas de empleo.

En cambio, la portavoz del PP, Carmen Álvarez Arenas, ha rechazado la necesidad de que se celebre una comparecencia extraordinaria, resaltando que ya se hablará de este tema a partir de septiembre, y ha replicado a las acusaciones de destrucción de empleo del PSOE con que, según la EPA de julio, “se han creado 250.000 empleos en el sector privado y se han perdido 41.000 en el sector público”.