PSOE inicia una estrategia para “atacar” por partes la reforma laboral del PP

El PSOE ha iniciado una estrategia para “atacar” por partes la reforma laboral aprobada en 2012 por el PP y el primer paso es pedir una nueva regulación de los trabajadores subcontratados que garantice que “a igual trabajo, igual salario”.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha recordado hoy, en un encuentro informativo con periodistas, la proposición de Ley que será debatida el martes en el pleno de la Cámara Baja para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores referido a la subcontratación.

Esta iniciativa, que en un principio fue vetada por el Gobierno, es junto con la proposición de Ley de reforma de la LOMCE, la que finalmente salió adelante al levantar el veto la Mesa del Congreso.

Hernando ha afirmado que dar seguridad jurídica a los trabajadores subcontratados que hacen el mismo trabajo que los empleados contratados por la empresa principal es de “máxima prioridad” ya que “ahí está el núcleo de la precariedad”.

“Vamos a atacar el corazón de la precariedad laboral que cada vez afecta a más sectores, no sólo a la hostelería”, ha subrayado tras explicar que este es el primer paso de una estrategia que estudia el PSOE para “ir atacando” la reforma laboral del PP por partes.

Esta línea de trabajo será permanente -ha dicho- y está vinculada a la aprobación esta semana en el pleno del Congreso de la proposición no de Ley que insta a derogar las leyes laborales más lesivas aprobadas en 2012.

Así, el próximo lunes el grupo socialista se reunirá con representantes sindicales para abordar otros temas de discusión y el martes mantendrá una reunión con los consejeros de Empleo socialistas, que acudirán a la sesión plenaria.

El PSOE espera que esta proposición de Ley sea la primera derogación de unos de los aspectos más negativos de la reforma laboral del PP y pretende con este plan de trabajo batallar y presionar para modificar la reforma laboral. Para ello confía en contar con apoyos parlamentarios suficientes.

De aprobarse el martes la toma en consideración de la proposición de Ley socialista, los grupos políticos introducirían enmiendas para su tramitación y el cambio en la regulación de las subcontratas podría estar listo en dos meses.

La proposición de Ley pide que se entienda como objeto de contratación o subcontratación de obras o servicios los correspondientes a la propia actividad del empresario que los contrata y que se refieren a las actividades principales o nucleares de la compañía.

En estos casos, las empresas contratistas o subcontratistas deben garantizar a sus trabajadores, durante el tiempo que dure el servicio, las mismas condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que tiene la compañía principal que les contrata, o en caso de no tener acogerse al convenio sectorial.

Las condiciones laborales y de empleo “esenciales” se refieren a la remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de maternidad, lactancia y paternidad y frente a los riesgos laborales.

El grupo parlamentario socialista quiere que en esta legislatura se cree además una subcomisión para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, sobre todo porque critican que el Gobierno haya paralizado el Diálogo Social con patronal y sindicatos.

Hernando es tajante al aseverar que no ve “agenda” de Diálogo Social en materia laboral y afirma que el “Gobierno está arrastrando los pies”.

Cambiar la negociación colectiva para que prevalezca el convenio sectorial frente al de empresa, crear un plan de lucha contra la explotación laboral, modificar el diseño de la Garantía Juvenil o cambiar las contrataciones para que el trabajo a tiempo parcial o los temporales tengan causas justificadas, son otros de los pasos que seguirá el PSOE.

El portavoz de Empleo, Rafael Simancas, añade que se irán haciendo derogaciones “una a una”, porque la reforma del PP no es una sola ley sino que hay más de 20 leyes y más de 100 desarrollos reglamentarios que lesionan los derechos de los trabajadores.