El PSOE propone que las empresas presentes en paraísos fiscales no puedan obtener contratos públicos
El PSOE refuerza ante el 26J sus propuestas para luchar contra el fraude fiscal y, en especial, contra los paraísos fiscales que lo facilitan. Los socialistas han ampliado su programa electoral en lo relativo al dinero que los españoles manejan en el extranjero y las sociedades offshore con el objetivo de evitar casos como los que se han revelado con Los Papeles de Panamá y los de la Castellana, una investigación de eldiario.es junto a La Marea y Diagonal basada en documentación recibida en el buzón seguro fíltrala.org.
Pedro Sánchez anunciará un nuevo paquete de medidas a lo largo de esta semana para combatir el fraude a las arcas públicas. Según ha podido saber eldiario.es, se trata de nueve medidas que refuerzan las que recogió el programa electoral de los socialistas el pasado 20D. “Vamos a poner todas las trabas posibles y a endurecer las consecuencias para los ciudadanos y empresas que operen en paraísos fiscales”, expresa el candidato socialista.
El PSOE propone, entre otras cosas, que las empresas que estén asentadas en paraísos fiscales no puedan acceder a la contratación pública de bienes y servicios en España, y que tampoco puedan beneficiarse de ayudas públicas. Eso significa también, según puntualiza el documento, que las compañías no puedan aprovecharse de la financiación que procede del presupuesto de la Unión Europea.
Aunque el texto no lo especifica, Pedro Saura, miembro del Comité Electoral del PSOE, subraya que esta prohibición afectaría también a las empresas que cuenten con filiales en estos territorios.
En el caso de las entidades bancarias residentes en España, no podrán tener filiales ni establecimientos en paraísos fiscales. Con una excepción: que suministren a la Agencia Tributaria la misma información que proporcionan sobre el resto de operaciones hechas en España. Estos bancos tendrían, por tanto, que identificar a sus clientes radicados en estos territorios. Si las entidades no cumplen se les retirará su licencia bancaria.
Esta no es la única medida para penalizar a las empresas que hagan uso de los paraísos fiscales. Las empresas y contribuyentes que operen en ellos no podrán aplicarse los beneficios fiscales de los estados miembros. Sus operaciones estarán también sujetas a un gravamen especial.
Intercambio fluido de información
A las compañías que se creen en estos territorios opacos al fisco no se les reconocería su estatuto jurídico. Para operar en España hará falta, además, un DNI español: “No reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español a las sociedades constituidas en paraísos fiscales o a entidades cuyos titulares sean, directa o indirectamente, residentes en dichos territorios, salvo que identifiquen a los titulares reales ante la Agencia Tributaria”.
La intención del PSOE es dificultar la evasión al extranjero. “Los Papeles de Panamá y de la Castellana hacen que haya un nuevo paradigma en la lucha contra el gran fraude y la evasión”, expresan fuentes del Comité Electoral, que reconocen que su combate debe ser a nivel internacional.
“El fraude fiscal es internacional, la lucha contra el fraude también tiene que serlo. Pero hasta que en Europa se apruebe una lista negra común de paraísos fiscales, vamos a revisar nuestra propia lista y hacerla mucho más grande de lo que es ahora”, explica el candidato socialista.
Las nuevas propuestas del PSOE giran en torno al principio de que los convenios para evitar la doble imposición y el intercambio de información fiscal -como el que permitió sacar a Panamá del listado de paraísos fiscales- sean más exigentes. Así, en vez de que el país en cuestión remita la documentación en caso de que lo solicite un juez, los socialistas pretenden que se “exija que el intercambio de información con España sea periódico, masivo y automático”.
El documento del PSOE también contempla que se prohíba registrar en España propiedades a nombre de sociedades interpuestas, sociedades pantallas o fideicomisos. “Será necesaria la identificación del titular último de los bienes”, reza el escrito. Los socialistas sostienen que se conseguirá “determinar quiénes son los beneficiarios últimos” a partir del conocimiento de todos los datos de quienes operan en otros países.
