Precios altos, deuda a cargo del usuario y sobrerretribución marcan las claves del recorte a las distribuidoras de gas

Precios elevados, una deuda milmillonaria cargada sobre los consumidores y sobrerretribución de las distribuidoras de gas natural. Son las claves que justifican el recorte que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó hace unos días, en plena crisis del coronavirus, para esta actividad.

El recorte va a ser de media del 9,6% para el periodo 2021-26, inferior al 'hachazo' del 17,8% que propuso el organismo en una primera circular que retiró en noviembre, tras las quejas de las empresas, que llegaron a augurar una huida de la inversión extranjera en deuda española por el “ruido” generado por los recortes.

En el caso de la distribución, va a afectar a una actividad que casi en un 70% corresponde a Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) pero que también efectúan otras empresas como Madrileña Red de Gas, Nortegas o Redexis, todas ellas participadas por grandes fondos de inversión internacionales.

Se trata de un negocio regulado que abarca los conjuntos de redes de tuberías y otras instalaciones conectados a los grandes gasoductos de transporte que llevan el gas natural hasta los consumidores finales. Incluye los gasoductos con presión inferior a 16 bar, estaciones de protección, de regulación y de medida, y las acometidas que se conectan con los puntos de suministro. 

La nueva metodología, que se aplicará desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2026, determina la retribución anual de las distribuidoras, que se financia con los ingresos por los peajes y cánones que pagan los consumidores domésticos y las empresas en sus recibos. De mantenerse durante ese periodo una demanda similar a la prevista para 2019, el impacto económico medio podría alcanzar una reducción media de unos 137 millones al año frente a la actual metodología.

Conviene poner esta previsión en cuarentena por el tremendo impacto que está teniendo la actual emergencia sanitaria en toda la actividad económica, si bien de momento el parón de la actividad se está dejando notar con mucha mayor intensidad en la demanda de electricidad.

La estimación de la CNMC es que la retribución media para el periodo 2021-2026 pasaría de unos 1.420 millones con la metodología vigente hasta ahora a 1.283 millones. Supondría una reducción media equivalente al citado 9,6%.

La nueva circular tendrá impacto sobre el precio que paguen los consumidores de gas, pero con matices. Puede suponer una bajada de peajes, si bien debido al déficit acumulado por el sector puede no existir coincidencia temporal entre ambos descensos. Además, cada comercializador deberá decidir (en el caso de los consumidores acogidos al mercado libre) qué parte trasladará al precio final y cuál al margen empresarial. A esto se suma la incertidumbre del impacto de la crisis del coronavirus en el sistema gasista.

Razones del recorte

La revisión de la metodología se produce después de que la actual, que data de 2002, diera como resultado un encarecimiento del precio para los consumidores y un déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados) de 1.000 millones de euros acumulado desde 2006 a pesar de la subida de los peajes. Esta deuda embalsada la pagan los consumidores, con intereses, a lo largo de los años.

Además, los servicios técnicos de la CNMC concluyeron que los activos de distribución anteriores a 2002 ya estaban amortizados. Según sus cálculos, el total acumulado de retribución cobrada por la amortización de esos activos en el periodo 2002-2020, de 4.769,64 millones, supera su valor bruto, 4.569 millones. Eso significa que en estos últimos 19 años ya habrían sido retribuidas totalmente esas inversiones. 

Para evitar pagar dos veces por los mismos activos, la CNMC ha decidido reducir la retribución por este concepto en 239 millones al año. Un criterio que choca con el de los distribuidores, que alegaron que los cálculos del organismo “son incorrectos” y que “en realidad hay una infra-retribución” de esos activos.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoció en julio, en su informe sobre la primera propuesta de circular de la CNMC, la existencia de una “sobrerretribución” de la distribución que “supone trasladar ineficiencias a los precios de venta del gas natural que pagan los consumidores, distorsiona la competencia de esta fuente de energía frente a otros combustibles más contaminantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas. Asimismo, un precio de venta elevado del gas natural agrava el fenómeno de pobreza energética de los consumidores más vulnerables”.

Precios superiores a la UE

Según Eurostat, los consumidores domésticos españoles de gas tuvieron el segundo precio antes de impuestos más caro de Europa en el segundo semestre de 2018, año previo a la primera propuesta de circular de la CNMC. Soportaron una variación de precios entre 2015 y 2018 muy superior a la de la zona euro, muy superior para los domésticos (del 12,9% en España frente al -0,5% de la UE) que para el industrial (-12,4% España y -17,8% UE). Un consumidor doméstico español paga más que la mayoría de los europeos, mientras que el industrial paga casi lo mismo.

En el periodo 2015-2018, un doméstico español pagó un precio, sin impuestos, un 27,1% superior al del promedio en la zona euro, mientras que el del industrial español era un 1,1% más caro. “En el periodo 2012-2018 se ha perdido la ventaja competitiva que tenía el consumidor industrial español en el periodo 2007-2011, frente al consumidor industrial promedio de la zona euro”, al pasar de un precio “un 10,8% inferior al de la zona euro” a “un precio 1,8% superior en el periodo 2012-2018”, refleja la memoria de la circular de la CNMC.

Déficit de tarifa

El déficit milmillonario generado desde 2006 se produjo a pesar de que los peajes aumentaron con fuerza para financiar inversiones realizadas para atender a una demanda que no se produjo, tras la crisis financiera de 2008. Entre 2007 y 2018, la demanda convencional (consumo en hogares, comercios, industrias y cogeneración, así como el mercado de cisternas) pasó de 266 TWh a 287 TWh, lo que supuso un crecimiento anual acumulado del 0,7% que se produjo gracias a la recuperación de la demanda en los tres últimos años del periodo.

Por su parte, la red de transporte y distribución creció entre 2005 y 2018 un 3,6% anual acumulativo, con 32.404 kilómetros adicionales, hasta los 87.699 de 2018, con unas inversiones que, según recoge la memoria de la circular, fueron de 12.189 millones. Esto permitió un aumento del número de puntos de suministro del 2,4% anual acumulativo hasta los 7,9 millones en 2018, de los que 1,58 millones se suministraban con tarifa regulada de último recurso, el 20% del total. Se pasó a suministrar gas natural a 1.204 municipios en 2005 a 1.792 en 2018.

En este contexto, los consumidores domésticos soportaron los mayores incrementos en los costes por comercialización, peajes y cánones. Mientras la partida que engloba los costes asociados (principalmente peajes y comercialización) del gas natural para los industriales evolucionó de forma contenida (5,3%) con respecto al precio del gas natural como materia prima (12,7%), para los domésticos aumentó un 44% en el periodo 2012-2018 frente al periodo 2007-2011.

La memoria de la circular advierte de que, si compara la rentabilidad del sector del gas natural con otras actividades económicas, las empresas de producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos (CNAE 35.2) y suministro de vapor y aire acondicionado (CNAE 35.3), tuvieron una rentabilidad en el periodo 2014-2016 muy superior a la obtenida por el conjunto de empresas en la media sectorial de 166 sectores analizados.