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La defensa de Rato niega que éste decidiera la política contable de Bankia

Fotografía tomada de la señal de televisión institucional de la Audiencia Nacional, del expresidente de Bankia Rodrigo Rato.

EFE

San Fernando de Henares (Madrid) —

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El abogado defensor de Rodrigo Rato ha rechazado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que el expresidente decidiera en ningún momento cuál tenía que ser la política contable de la entidad.

Ni Rato “ni ningún otro miembro del consejo de administración” intervenían en la formulación de las cuentas, que se lleva a cabo mediante “procesos automatizados”.

Se trata de un “voluntarismo o sesgo confirmatorio” por parte de las acusaciones, ya que “no hay indicios de que Rato ni nadie del consejo fuera quien decidió cuál debiera ser la política contable de la entidad, que es meramente técnica”.

Asimismo, ha insistido en el hecho de que los organismos supervisores, como el Banco de España, estaban al tanto de la contabilidad de Bankia y le dieron su visto bueno, razón por la cual tampoco cabe dar crédito a los testimonios que durante el juicio han puesto en duda la viabilidad de la entidad.

El juicio a Rato, ha explicado el letrado, se basa en “unos cuantos correos de un inspector”, en referencia a los enviados por el inspector del Banco de España, Jose Antonio Casaus, muy críticos con la situación de Bankia.

Y además se pretende ahora que “Rato y su equipo pudieran prever la que fue la mayor crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial cuando ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni el Banco Central Europeo (BCE) ni el Banco de España pudieron hacerlo”.

Se exige más a Rato, ha añadido el abogado, al exvicepresidente José Luis Olivas o al exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella que a los más prestigiosos organismos internacionales del mundo.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel para Rato por presunta estafa a inversores y falsedad contable, pena sensiblemente superior a la que reclama para Olivas y Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de prisión, respectivamente.

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