Rato pide al juez que rebaje su fianza de 3 millones por las tarjetas “black”

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que le rebaje la fianza de 3 millones de euros que le impuso por el escándalo de las tarjetas “black”, teniendo en cuenta el dinero devuelto por otros usuarios o las cantidades embargadas.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el exministro de Economía solicita al instructor del “caso Bankia”, quien abrió una pieza separada para investigar las tarjetas opacas, que aclare las cantidades embargadas o reintegradas por otros usuarios, después de que Andreu accediera a tenerlas en cuenta desde el pasado julio.

Durante su paso por Bankia, Rato gastó 54.837 euros con su tarjeta, cantidad que ha devuelto, a los que hay que sumar 44.200 euros que cargó anteriormente a Caja Madrid; en total 99.037 euros, lejos de los 3 millones reclamados por el juez.

Teniendo en cuenta que esa fianza fue constituida mediante aval bancario el 22 de octubre de 2014, y que la disminución de dicho importe fue acordada el 13 de julio pasado, “puede entenderse fácilmente que su mantenimiento se hace especialmente gravoso”, argumentan los abogados del expresidente de Bankia en el escrito.

Y es que desde el verano Andreu accedió a rebajar la millonaria fianza del ex director gerente del FMI, al coincidir en sus argumentos de que las eventuales responsabilidades civiles se encontraban “sobrada y doblemente afianzadas” en la causa, donde ya constan “avales, consignaciones, embargos y demás fianzas”.

Esta semana se ha sabido también que tras su nacionalización, Bankia se dedujo gastos que su anterior cúpula, capitaneada por Rato, llevó a cabo con las mismas tarjetas opacas que el banco luego denunció, en teoría, porque su asesoría fiscal ignoraba su existencia.

Según la información de la Agencia Tributaria a la que ha tenido acceso Efe, Bankia presentó el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2012 un año después de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a su presidencia, y en él incluía como gastos deducibles cargos con las tarjetas “black” en la última época de Rato.

Es más, también en 2013 la entidad nacionalizada firmó las actas de conformidad de la inspección tributaria de los años 2004 a 2006, en las que Caja Madrid, entonces presidida por Miguel Blesa, incluía como gastos deducibles compras y reintegros con las mismas tarjetas.

Sin embargo, la nueva Bankia no denunció hasta 2014 la existencia de estos polémicos plásticos, con los que 81 antiguos directivos y consejeros de Caja Madrid y posteriormente del banco cotizado gastaron 15,5 millones de euros.

En un informe del verano de 2014, Bankia avisaba a su principal accionista de que en el pasado los antiguos equipos directivos del banco y de Caja Madrid habían disfrutado de una tarjeta para usos personales que, en opinión de la entidad, era opaca para el fisco.

El grupo aportaba al FROB un amplio detalle de los movimientos llevados a cabo al menos desde 2003, con el fin de que el fondo público, si lo consideraba oportuno, actuara.

Fue así como en el otoño de 2014 el FROB denunció la existencia de estas tarjetas, saltó el escándalo mediático y comenzó una investigación en la que desde un primer momento se dio por hecho que Hacienda desconocía este privilegio.

Además, la entidad señaló que los gastos llevados a cabo por los antiguos directivos, entre los que se encontraban compras en tiendas de lujo, viajes u hoteles, habían sido cargados en una cuenta de quebrantos, dedicada en principio a las pérdidas en cajeros.

En consecuencia, fuentes de Bankia insisten en que el grupo no pudo deducirse ninguna compra o retirada de efectivo de sus antiguos directivos, lo que no quita para que los cargos de quienes eran consejeros sin funciones ejecutivas sí se dedujeran.

Esto se explica porque estos cargos de los consejeros no ejecutivos estaban anotados en otra cuenta distinta, en este caso llamada de “gastos órganos de gobierno mayo 1988”, y que son los que Bankia, tras la llegada de Goirigolzarri, siguió deduciéndose, hasta que descubrió, ya en 2014, que dichos gastos procedían de tarjetas que estaban fuera del circuito legal.