Rivero acusa al Gobierno de parapetarse en tribunales para impedir la consulta

El presidente canario, Paulino Rivero, ha acusado hoy al Gobierno de “haberse parapetado tras los tribunales para impedir que los canarios se expresen” sobre las prospecciones petrolíferas en la consulta popular prevista para hoy y suspendida por el Tribunal Constitucional.

“Queremos hacernos oír”, ha dicho Rivero con motivo de una declaración institucional en contra de las prospecciones autorizadas a Repsol en aguas próximas a Canarias, que ha sido firmada por numerosos representantes de instituciones y partidos políticos de las islas, con excepción del PP.

Rivero ha insistido en que los sondeos petrolíferos “constituyen una agresión al interés y a la voluntad mayoritaria de los canarios”, que ha sido “planificada desde hace dos años”.

“Denunciamos el cúmulo de decisiones arbitrarias y el oscurantismo que han jalonado el procedimiento administrativo”, ya que se trata de “un expediente elaborado a petición de parte”, ha manifestado Rivero ante más de un centenar de cargos públicos y políticos, reunidos en un acto institucional celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente canario considera que “no están enfrentados los intereses generales de España con los de Canarias” y que lo que hay sobre la mesa “es el choque frontal de los intereses de una multinacional con los intereses de los canarios”.

En este sentido ha alertado del daño que el sector turístico podría sufrir “por la codicia de una multinacional, codicia que cuenta con la complicidad del Gobierno del Estado”.

Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo canario “seguirá luchando para frenar este abuso”, al tiempo que ha advertido que “Repsol y el Gobierno de España deben saber que no se puede construir un futuro al margen de quien ha de protagonizarlo”.

La declaración institucional del 23 de noviembre en contra de las prospecciones petrolíferas ha sido firmada por los asistentes al acto tras el discurso de Rivero.

En ella se recuerda que la tramitación administrativa a Repsol “ha venido marcada por una fuerte contestación y rechazo a las prospecciones por parte de las instituciones y de la sociedad canaria”.

Asimismo menciona “las dudas acerca de la compatibilidad de tales prospecciones con la defensa de los valores medioambientales de la zona, que ha llevado a diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales a presentar recursos judiciales frente a las mismas”.

La Declaración del 23-N indica también que los ciudadanos canarios “se han manifestado multitudinariamente en contra de las prospecciones en dos ocasiones y la inmensa mayoría de las instituciones canarias han adoptado también acuerdos posicionándose expresamente en su contra”.

La declaración es consecuencia del “silencio impuesto a la ciudadanía”, y con ella, “los legítimos representantes de la inmensa mayoría de las instituciones canarias y cargos electos del Parlamento de Canarias, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo” quieren expresar su postura “en tan simbólica fecha”.

Los firmantes de la declaración manifiestan su “más enérgico rechazo a la injustificable oposición del Gobierno de España a que los canarios puedan manifestar directamente su opinión sobre asuntos que les conciernen a través de los mecanismos legales previstos al efecto”.

Asimismo expresan su “firme y decidida oposición a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en aguas canarias y a un modelo de desarrollo contrario a los valores de sostenibilidad a los que legítimamente aspira la sociedad canaria”.