Soria evita pronunciarse sobre el malestar de consejeros del CSN respecto a Garoña

Industria, que está estudiando el dictamen del CSN sobre Garoña, ha evitado pronunciarse hoy sobre el malestar de dos de los cinco consejeros del máximo organismo regulador en materia nuclear sobre este asunto, porque son “cuestiones internas de un órgano completamente independiente”.

“Yo no me voy a meter en lo que son las cuestiones internas de un órgano completamente independiente como es el CSN, lo que sí hace el Gobierno y el Ministerio es estudiar” sus informes, ha declarado Soria a la prensa, tras presentar en el Foro de la Nueva Economía al presidente del gigante nuclear francés Areva, Luc Oursel.

El pasado viernes, el pleno del CSN concedió por mayoría -tres votos a favor y dos en contra- un nuevo plazo a la propietaria de Garoña (Nuclenor, participada al 50 % por Iberdrola y Endesa) para poder considerar una nueva renovación de su licencia de explotación, que expira el próximo 6 de julio.

A favor se pronunciaron el presidente del CSN, Fernando Martí, y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antonio Gurguí (CiU), y en contra las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (PSOE).

Posteriormente, Narbona denunció presiones “inadmisibles” e “intolerables” al CSN para dar continuidad a Garoña, y Gurguí afirmó que no le había gustado “el fregado” en el que algunos habían metido al Consejo, intentando “endosarle” una decisión que no le corresponde.

Hoy, tras insistir en que el Gobierno mantiene idéntica postura sobre Garoña que al inicio de legislatura (a favor de que siga funcionando), Soria ha defendido que la planta nuclear es un “activo energético esencial”.

Respecto a las renovables, ha dicho que no solo deben tener un “peso importante” dentro del mix energético, sino cada vez mayor.

Pero debe ser “compatible” con las posibilidades reales del sistema eléctrico español para “poder pagar subsidios incorporados a los precios de determinadas tecnologías”.

En el caso de que esos precios sean “demasiado” altos, se traducen en un déficit del sistema eléctrico que “acaban pagando” los consumidores, las empresas o el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado.