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El Supremo plantea dudas sobre el 'impuestazo eléctrico' de Montoro y Soria contra el déficit de tarifa
El Tribunal Supremo ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de algunos de los tributos aprobados por el Gobierno en el marco de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el conocido como 'impuestazo eléctrico' ideado por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
En concreto, según avanza Europa Press, el Supremo cuestiona tres impuestos regulados en esa ley y su supuesta finalidad medioambiental. Se trata del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, gravado al 7%, del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos. Esos tres tributos, parte fundamental del primer paquete de medidas de la reforma eléctrica de Soria, recaudan unos 1.900 millones de euros que han permitido embridar el multimillonario déficit de tarifa que durante 15 años y hasta 2014 se generó en el sistema eléctrico.
Estas dudas han llevado al Alto Tribunal a plantear cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012. En los tres casos, la Sala Tercera del Supremo tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos.
Por ello, creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos. En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.
El 'impuestazo eléctrico entró en vigor en enero de 2014 tras un encontronazo público entre Soria y Montoro sobre la forma de abordar las medidas fiscales para embridar el déficit tarifario.
