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El TC admite a trámite más cuestiones sobre la supresión de la paga a los funcionarios

El TC admite a trámite más cuestiones sobre la supresión de la paga a los funcionarios

EFE

Madrid —

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad, presentados por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Castilla y León y un Juzgado de Tarragona, contra el decreto que suprimió la paga extra a los funcionarios.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo, según ha precisado hoy el Constitucional, que ha recordado que el pasado 29 de mayo el Pleno ya admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad formulada contra la misma norma y por los mismos motivos por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Ahora han planteado sus dudas sobre la constitucionalidad del artículo 2 del real decreto-ley 20/2012 la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Tarragona.

Los tres órganos judiciales plantean al Tribunal sus dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 2 del real decreto por el que se tomaron medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, pues consideran que vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Carta Magna.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, mientras que el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y a la imposibilidad de privar de bienes y derechos si no es por causa justificada.

El Tribunal Constitucional ha dado traslado de su decisión de admitir las tres cuestiones al Congreso, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.

El pasado 29 de mayo el Tribunal Constitucional informó de que iba a estudiar si cabe o no anular, por su carácter retroactivo, la supresión de la paga extra de los empleados públicos acordada por el Gobierno, al admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Esa admisión a trámite supuso la paralización del procedimiento, es decir, que la resolución de la Audiencia sobre la supresión de la paga extra de los empleados públicos, personal laboral y funcionarios, queda pendiente de lo que dicte el TC sobre la constitucionalidad de la medida.

El procedimiento se refería al personal laboral público, aunque la decisión del TC sobre este caso afectará también a los funcionarios, porque a ellos se les aplicó igualmente la misma norma que al citado personal, según explicaron entonces fuentes jurídicas.

La clave en el proceso radica en que la paga extra se suspendió para personal laboral y funcionarios en julio de 2012, cuando ya se habían devengado 15 días de este salario ya que, según entiende la Audiencia, siguiendo la doctrina del Supremo, esta paga se refiere a todo el año.

El procedimiento se abrió en la Audiencia por un recurso planteado por los sindicatos de trabajadores de la Compañía Española de Tabaco (Cetarsa).

Al estudiar el caso, los magistrados entendieron que ese recorte podía atacar el interés general y vulnerar la Constitución por su carácter retroactivo.

Por ese motivo preguntaron en marzo de 2013 al Constitucional sobre el artículo 2 del real decreto-ley 20/2012, que establecía la deducción de la paga extra de Navidad.

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