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Trabajo reorienta el fomento del empleo: bajan las ayudas a las empresas que contraten y aumenta la formación

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Laura Olías

Las políticas de fomento del empleo aumentan un 4,7% en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero este incremento no se aplica a todas sus partidas. El Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio se ha mostrado crítico con la eficacia de las bonificaciones a la contratación para las empresas, una queja habitual de los sindicatos. En las cuentas socialistas, el Ejecutivo reduce estas ayudas para las compañías en 79 millones, mientras que otras políticas como la formación y la orientación obtienen más fondos.

El presupuesto total para las políticas de fomento del empleo asciende a 5.985 millones de euros en 2019, un 4,7% más que en 2018. El incremento es el mayor desde 2016, cuando se presupuestó un alza de un 8,17 respecto al ejercicio anterior. El Ejecutivo recuerda que esta partida “comprende las denominadas políticas activas de empleo, un instrumento esencial para combatir el desempleo y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, haciéndolo más eficiente”.

Estos casi 6.000 millones de euros se distribuyen en dos ejes: las “actuaciones de inserción e incentivación a la contratación”, con una dotación de 3.358 millones de euros, y la formación profesional para el empleo, con 2.523 millones.

Dentro de las primeras, el Ejecutivo ha recortado las bonificaciones a la contratación para las empresas que contraten. En los Presupuestos de 2018, se destinaron a este punto 1.934 millones de euros (108 millones más que en 2017), mientras que en 2019 se reduce el gasto en 79 millones, hasta los 1.855 millones de euros.

Estas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que abonan las empresas tendrán como objetivo “prolongar la vida activa y favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayor dificultad de acceso al mismo, como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, víctimas de

violencia de género y jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil, entre otros“.

Las bonificaciones funcionan como una especie de subvención para las empresas que contratan: en determinadas circunstancias, las empresas no pagan o pagan menos cuota a la Seguridad Social por esos trabajadores durante un periodo de tiempo. En los últimos años el Gobierno del PP aprobó varios tipos de bonificaciones, aunque se trata de un sistema ampliamente criticado: expertos y sindicatos aseguran que, salvo en casos muy concretos, tiene un efecto “peso muerto”, es decir, que se destina dinero público a apoyar una contratación que las empresas harían igualmente sin contar con esa ayuda, explica Ana Requena.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha mencionado en varias ocasiones que el Ministerio está estudiando una reconfiguración de estas bonificaciones, para mantener solo aquellas de las que quede probada su eficacia. En total, el Gobierno estima en sus cuentas públicas que las bonificaciones a la contratación beneficiarán a “825.446 personas”.

Un 10,5% para formación para el empleo

El segundo eje de actuación de las políticas de fomento del empleo, la formación profesional, se incrementa un 10,5% en el Presupuesto de 2019 respecto al del año precedente. En total, 2.523 millones de euros este año.

La partida que más aumenta respecto a 2018 es la de “Oportunidades de empleo y formación”, dotada con 373 millones de euros, que se incrementa un 34%. Le sigue la formación para trabajadores ocupados, con 1.221 millones de euros (+11%) y la formación para desempleados, con 857 millones de euros (+8,2%). En cambio, la partida para la “Flexibilidad: formación y recualificación” pierde un 38% de fondos, hasta los 73 millones.

El Ejecutivo destaca también en el proyecto presupuestario los 470 millones de euros para potenciar la orientación profesional, con una dotación de 87 millones

de euros para el programa extraordinario de orientación y promoción de empleo. Este año se reforzará con 3.000 técnicos la red de orientadores de las oficinas públicas de empleo.

Las cuentas recogen también los 670 millones de euros de desembolso en 2019 de la primera fase del Plan de Choque por el Empleo Joven, que llegará a los 2.000 euros totales de inversión en los tres años de vigencia del plan.

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