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UGT espera que decisión de Tribunal UE sobre naval no llegue demasiado tarde
El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), a través de su Federación de Industria, ha celebrado la anulación de la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas fiscales a la financiación del sector naval español, aunque espera que “no llegue demasiado tarde”.
En un comunicado emitido hoy, UGT expresa su deseo de que esta decisión judicial suponga la “recuperación” de un sector industrial “estratégico para los intereses de nuestro país”.
Asimismo, el sindicato critica la “falta de acción” del Gobierno, que “ha provocado la paralización del sector de construcción naval”, lo que ha supuesto un “grave perjuicio” para los astilleros españoles, que desde que comenzara el conflicto en 2013 han sufrido una “grave crisis” de carga laboral, que ha originado la pérdida de puestos de trabajo.
UGT, que ha emitido este comunicado a través de su división de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT), insiste en la responsabilidad del Gobierno del Partido Popular al considerar que tardó en reaccionar a la declaración de ilegalidad y también en presentar el recurso con las propuestas sindicales, “con varios meses de retraso”.
Esta mañana se conocía la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que considera que las medidas que integran el “sistema español de arrendamiento fiscal” (SEAF) no constituyen una ventaja selectiva.
El Tribunal General considera que, al no existir ventajas económicas en favor de las agrupaciones de interés económico (AIE) que intervenían en la venta del buque, “es errónea la conclusión de la CE según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del SEAF”.
La decisión se refiere al litigio iniciado en 2006, cuando la Comisión Europea recibió distintas denuncias, principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembros, contra el SEAF.
En ellas se decía que ese sistema permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %, provocando así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.
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