Villarejo pedirá que se desclasifique información de los pinchazos sobre BBVA

El excomisario José Villarejo solicitará que el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, desclasifique la información relativa a las escuchas telefónicas que realizó a políticos, empresarios y periodistas para el BBVA, sobre la cual no ha podido declarar hoy ante la Audiencia Nacional.

Según ha explicado a los medios su abogado, Antonio José García Cabrera, la Fiscalía Anticorrupción “ha impedido dar datos concretos” sobre la llamada operación Trampa, novena pieza del caso Tándem que investiga las actividades del expolicía, al afectar a materias “de interés general” para los españoles, protegidas por la Ley de Secretos Oficiales.

El caso del BBVA no es sólo un “encargo provisional privado”, sino que detrás hay intereses estratégicos relacionados con el Estado, ha asegurado el letrado de Villarejo, que inicialmente había sido citado por el juez Manuel García Castellón sólo por la operación Kitchen, diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas a manos de su chófer.

Como reconoció desde noviembre, el BBVA contrató los servicios del Grupo Cenyt, entramado societario propiedad del excomisario, entre otros motivos para evitar que en 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control del banco.

De este modo, habría accedido a más de 15.000 conversaciones telefónicas de altos cargos del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de políticos e incluso, directivos de la propia entidad.

En concreto, los pinchazos revelan las estrechas relaciones de poder entre el Ejecutivo socialista y el Banco Santander de Emilio Botín, principal rival de BBVA, así como maniobras para lograr que Sacyr ganara presencia en el Consejo de Administración y promoviera la caída de Francisco González.

Precisamente es este último, que a pesar de la polémica continúa como presidente de honor del banco, una de las personas a las que más comprometen estos hechos.

No obstante, el abogado de Villarejo se ha referido a la entidad como un “actor ocasional” que “incluso es muy posible que desconociera la trascendencia social, económica y política” de la operación a la que realmente afectaría la información secreta.