Aagesen defiende unos Presupuestos en Energía alineados con la reactivación económica y la transición justa

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 están “alineados” con la necesidad de reactivar la economía ante el impacto de la crisis del Covid-19 y con la transición ecológica “justa e inclusiva”.

En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto de PGE para 2021, Aagesen aseguró que en las cuentas para el próximo ejercicio se incorporan las partidas necesarias “para activar las primeras medidas del Plan de Recuperación” y subrayó que cambiar a un modelo productivo para el país bajo en carbono “es un pilar de estos PGE”. “La transición tiene que ser justa, no es un eslogan, es una prioridad de este Gobierno”, dijo.

A este respecto, subrayó que la transición ecológica representa “una gran oportunidad para salir de esta crisis económica y una medida de reactivación de toda la cadena de valor asociada a este crecimiento verde”.

La secretaria de Estado señaló que el presupuesto total de la partida de Energía asciende a casi 9.774 millones de euros, lo que supone un incremento del 132% sobre los números del ejercicio anterior, de los que 5.390 millones de euros corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De estos fondos, un total de 5.300 millones de euros irán destinados al impulso de las renovables, la transición energética y la movilidad sostenible; mientras que los 90 millones de euros restantes corresponderán al Instituto de Transición Justa, orientados a dinamizar económicamente e identificar oportunidades y generar empleabilidad en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.

Dentro del desglose de estos 5.300 millones de los fondos europeos destinados a la transición energética, 1.100 millones corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico.

1.900 MILLONES AL DESARROLLO MASIVO DE RENOVABLES.

Mientras, al desarrollo masivo de energías renovables corresponderán 1.900 millones de euros, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, del que pronto se lanzará su 'hoja de ruta', así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía o una estrategia específica para las islas. “No es renovables a cualquier precio, sino que tengan un valor sobre la sociedad y la economía”, añadió al respecto.

Además, se incluyen 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país; y 600 millones a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.

“APUESTA DE FUTURO” DEL PAÍS POR EL HIDRÓGENO RENOVABLE.

En este sentido, Aagesen recalcó la “apuesta de futuro” que representa para España el hidrógeno renovable, donde si el país es capaz de anticiparse “será estratégico en toda la cadena de valor”.

Por su parte, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, contará con 422 millones de euros en el siguiente ejercicio de recursos nacionales. Por su parte, el presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) será de 422 millones de euros, un 25,12%superior que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón.

De esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, correspondiendo 140 de ellos a prejubilaciones y bajas incentivadas. Asimismo, se tratan de los primeros presupuestos que incluyen ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares.

Por otra parte, Aagesen destacó la inclusión en los PGE de una partida de 109 millones de euros para el bono social térmico, lo que representa un incremento del 16%, así un total de 1.100 millones de euros correspondientes a los derechos de subastas de CO2 que se destinarán para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.