Acuerdo con el FMI, un tanque de oxígeno con fuerte rechazo en Costa Rica

San José, 1 oct (EFE).- Un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que traería consigo un duro ajuste fiscal y venta de activos, es el tanque de oxígeno propuesto por el Gobierno de Costa Rica para sortear la crisis causada por la pandemia, pero enfrenta un fuerte rechazo por parte de diversos sectores.

Cuando Costa Rica apenas comenzaba a implementar una polémica reforma tributaria aprobada en diciembre de 2018 por el Congreso, la pandemia del coronavirus llegó para agudizar los problemas fiscales del país, que para el 2020 ha proyectado un déficit del 9 % del PIB, una deuda acumulada en torno al 70 % del PIB y una caída del 5 % de su economía.

La iniciativa planteada a la opinión pública el 17 de septiembre pasado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado para sortear una crisis mayor es acudir al FMI en busca de 1.750 millones de dólares, a cambio aplicar medidas para incrementar los ingresos vía nuevos impuestos y recortar gastos con acciones como la venta de activos estatales, congelamiento de aumentos salariales y fusión o cierre de algunas instituciones públicas.

 De inmediato el rechazo de los partidos políticos de oposición fue unánime, así como por parte de los sindicatos y de grupos sociales que en los últimos días han salido a las calles a manifestarse.

UN TANQUE DE OXÍGENO INSUFICIENTE

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró este jueves lo que ha venido diciendo en informes previos: “Los problemas fiscales de Costa Rica tienen raíces estructurales” que son anteriores al impacto de la pandemia y “su solución va más allá de un posible acuerdo con el FMI”.

El Icefi alertó desde 2018 que la reforma tributaria que Costa Rica finalmente aprobó no era suficiente para solucionar los problemas fiscales del país y que se requiere de un “pacto”.

El instituto subrayó “la necesidad de construir un pacto fiscal de carácter integral que permita al Estado contar con una política fiscal basada en la suficiencia, progresividad y justicia”.

La propuesta gubernamental incluye la creación de la renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones, el aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que pasaría de 0,25 % a 0,75 %, así como la aplicación por dos años de un impuesto a las transacciones bancarias y de un aumento en el impuesto sobre la renta.

La iniciativa abarca el cierre o fusión de algunas instituciones públicas, la venta de activos estatales como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores; además del congelamiento de los aumentos salariales, entre otros.

El Icefi consideró acertadas la mayoría de iniciativas fiscales de la propuesta del Gobierno, pero mostró su preocupación de que la aplicación de una regla fiscal limite las capacidades del Estado.

El Instituto también urgió al Gobierno a que implemente el mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado para las personas con menores ingresos y que las medidas sobre empleo público e instituciones se lleven a cabo en apego a los derechos laborales, a estudios técnicos y sin desmejorar los servicios.

Otro punto criticado es que la propuesta al FMI dejó por fuera un tema clave: la reestructuración de la deuda.

“El Icefi lamenta que dentro del Plan se omitan medidas para el manejo de la deuda pública, incluyendo la urgente necesidad de su reestructuración con el fin de reducir su alto costo, así como la mejora de plazos y condiciones”, señala el informe.

RECHAZO GENERALIZADO

El rechazo a nuevos impuestos ha sido generalizado en la oposición política, empresarios, sindicatos y grupos sociales.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, asegura que el acuerdo con el FMI no es necesario y ha instado al Gobierno a tomar 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central, que ascienden a unos 8.000 millones de dólares..

Sectores políticos de oposición también han levantado la voz en rechazo a los nuevos impuestos y han exigido al Gobierno un esfuerzo mayor en la recaudación y en el recorte de gastos.

El presidente Carlos Alvarado aseguró que la negociación con el FMI es el camino adecuado y reconoció que los ajustes planteados son “dolorosos” y “amargos”, pero que responden a la realidad del país.

“No tener ese acuerdo es condenarnos a que el ajuste lo haga la economía por sí sola y que haya una potencial crisis que podemos evitar”, declaró el mandatario el pasado martes.

Alvarado afirmó que “decir 'no más impuestos' es muy popular pero absolutamente irresponsable”.

Douglas Marín