Las acusaciones del caso Bankia confían en que Fernández Ordóñez sea juzgado

Las acusaciones populares del caso Bankia confían en que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional por su responsabilidad en las supuestas irregularidades de la salida a bolsa de la entidad.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Madrid, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha dicho que “cuando se hace tanto daño por un error, va en el sueldazo ir a la cárcel si procediera”, en alusión a los ex altos funcionarios del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ahora investigados por el juez Fernando Andreu.

Asimismo ha intervenido el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, quien ha expresado que tanto Fernández Ordóñez, como los expresidentes de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, “deben dar explicaciones en todas las causas abiertas porque la actuación fue idéntica”.

Unas responsabilidades que hace extensibles al exsubgobernador Javier Aríztegui, los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, y a los inspectores Pedro Comín y Pedro González, que también declararán como investigados -antes imputados- entre el 13 y el 16 de marzo.

A todos ellos, la CIC les considera “coautores” del mismo delito que se achaca al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a los antiguos exconsejeros, en tanto que el organismo “quiso dulcificar la realidad para evitar que aflorara la situación real” de la entidad.

En este sentido, Herzog ha aseverado que la resolución de la Audiencia Nacional, que el pasado lunes obligaba al juez Andreu a incorporar a la causa a estos ocho ex altos cargos, habla de la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV “en todo el proceso” y no sólo en la salida a bolsa, al “politizar decisiones que tendrían que haber sido técnicas”.

Por ello, el abogado cree que las últimas novedades del caso hacen que sea un “buen momento” para revisar otras causas, como la pieza separada de las preferentes de Caja Madrid y el resto de entidades que hoy componen Bankia, en cuya querella inicial de 2013 UPyD solicitó que se investigara a Fernández Ordóñez y Segura.

Si bien la petición fue rechazada, el Juzgado Central de Instrucción número 4 accedió estudiar la comercialización de estos productos.

Según ha confirmado Herzog, las partes ya han recibido los informes que el juez requiriese al Banco de España el pasado noviembre sobre sus encuentros con los directivos de Caja Madrid entre 2009 y 2010; una documentación que, explica, están analizando con el fin de “resucitar” un caso llevado a una “vía muerta por la Fiscalía, el juez y la colaboración inestimable del FROB”.

El papel del fondo también ha sido cuestionado por las acusaciones, especialmente por Adicae, cuyo presidente ha cargado contra la actuación de un “banco malo, tan malo, que pretendió dar dividendos a particulares con dinero público”, al que ha atribuido responsabilidad en escándalos como el de las cajas gallegas.

“¿Para qué queremos instituciones manchadas?”, ha lamentado Pardos, que ha alertado de los nuevos riesgos vinculados a las obras sociales de estas antiguas entidades, y que fueron “heredadas por los mismos políticos que gobernaban las cajas” que colapsaron durante la crisis.