Argentina se encamina a aprobar ley anticrisis ideada por el nuevo Gobierno

La Cámara de Diputados de Argentina avanzó este jueves hacia la aprobación de una ley, impulsada por el recién asumido Gobierno del peronista Alberto Fernández, que busca declarar la “emergencia pública” en materia económica, fiscal o social y afrontar la grave recesión que arrastra el país desde 2018.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva -el primero que manda al Congreso el Ejecutivo de Fernández tras asumir el 10 de diciembre- incluye medidas como diversas alzas de impuestos y de aranceles de exportación de productos agrícolas, modificaciones en el ajuste de las jubilaciones y la delegación al Gobierno de diversas facultades legislativas hasta el 31 de diciembre de 2020.

En una sesión que se espera se alargará hasta la madrugada, los diputados del oficialista Frente de Todos comenzaron a exponer su defensa del proyecto y los legisladores de la oposición plantearon los pros y los contras del texto, que, en caso de que sea aprobado, pasará después al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva.

Hasta el último momento hubo dudas de si el peronismo lograría los votos para abrir el debate, ya que el bloque de Juntos por el Cambio, que hasta hace 10 días gobernaba el país, había adelantado que no avalaría la sesión al considerar que Argentina no está en una situación tan grave y por no querer darle al Ejecutivo facultades especiales, así como por considerar que el proyecto perjudica a la clase media, su principal granero de sus votos.

UN PROYECTO DE SOLIDARIDAD

Poco antes del comienzo del pleno, el presidente Fernández adelantó en Twitter que si bien su partido cuenta “con los votos necesarios” para aprobar el proyecto en su “actual versión”, le sugirió al presidente de su grupo parlamentario, Máximo Kirchner, “mejorar la ley”.

“Propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”, señaló, para reiterar que a su Gobierno solo le importa que la “solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”.

El proyecto, con el que el Ejecutivo quiere afrontar la “dramática situación económica y social” que, según se especifica en el documento, atraviesa el país -que arrastra altas cotas de inflación y pobreza-, declara por un año la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Uno de los puntos que más llama la atención es el impuesto “país” (para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30 % y por cinco años la compra de divisas extranjeras para ahorro, las compras en el exterior con tarjetas, los pagos de compras en línea en sitios del exterior y la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior.

“La realidad es dramática, no es una descripción exagerada. Este es el país que se ha recibido”, dijo al abrir las intervenciones el diputado peronista Carlos Salomón, que reiteró la necesidad de “desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer” tras los cuatro años de mandato del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Uno de los principales desafíos para el Gobierno de Fernández es encarar las negociaciones con los acreedores para el pago de la alta deuda pública, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 aprobó un préstamo de 56.300 millones de dólares de los que ya se desembolsaron unos 44.000.

Entre los objetivos de la ley se encuentra “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo este miércoles que si no se sanciona la ley sería muy difícil para el país tener las condiciones que necesita para empezar las conversaciones con el FMI, ya que Argentina tiene una carga de deuda “imposible de sostener” y para ello tiene que mostrar que puede establecer un sendero fiscal y externo consistente.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

“¿Realmente estamos en emergencia en Argentina del modo que se pretende exponer?”, se preguntó en la sesión el diputado Luis Pastori, de la Unión Cívica Radical, una de las patas de Juntos por el Cambio.

A su juicio, bajo un “rimbombante título”, la ley es un pretexto para otorgar “facultades excepcionales” al presidente.

“Esta ley no es de solidaridad social, no entendemos la solidaridad social suspender a los jubilados y pensionados la actualización trimestral y dejar al arbitrio del presidente cuánto va a otorgar”, criticó.

Por su parte, Luciano Laspina, de Propuesta Republicana, el partido de Macri, afirmó que el Gobierno quiere instalar la sensación de “tierra arrasada”.

“Por supuesto que hay una crisis social y económica importante y tenemos niveles de inflación, lo reconocemos, pero eso no amerita (...) darle la suma del poder público al presidente de la nación, no lo podemos permitir”.