Los auditores europeos critican la flexibilidad de Bruselas para hacer cumplir las reglas de déficit y deuda

A juicio de los auditores europeos, Bruselas “ha ejercido sus facultades discrecionales de manera muy amplia con el fin de reducir las exigencias de ajuste”. “Las disposiciones en materia de flexibilidad introducidas por la Comisión Europea no estaban sujetas a la duración del periodo de la crisis y, de hecho, en la práctica llegaron demasiado lejos”, ha afirmado el miembro del Tribunal de Cuentas encargado del informe, Neven Mates.

Para los auditores, la aplicación laxa de las normas “resulta especialmente preocupante” en el caso de Estados miembros que, como España, cuentan con una elevada deuda pública. “En la próxima recesión, su sostenibilidad presupuestaria puede provocar preocupación en los mercados”, advierten en el texto.

“En consecuencia, en el período de recuperación y expansión comprendido entre 2014 y 2018, los saldos estructurales de varios países muy endeudados se han desviado de sus objetivos a medio plazo o han convergido hacia ellos a un ritmo tan lento que está lejos de garantizarse una mejora sustancial antes de la próxima recesión”, ha afirmado Mates.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un conjunto de normas que tiene la meta de garantizar que todos los Estados miembros de la UE “preservan la solidez de las finanzas públicas y coordinan sus políticas presupuestarias”.

Está compuesto por dos patas: el brazo “corrector”, en el que todavía se encuentra España y en el que se exige mantener un déficit nominal inferior al 3% y una deuda no superior al 60%, y el brazo “preventivo”, en el que los esfuerzos se centran en el ajuste estructural (sin tener en cuenta la corrección vinculada al ciclo económico).

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha reivindicado siempre el derecho a aplicar con “flexibilidad” el Pacto y ha alardeado de haberla utilizado, por ejemplo, cuando Bruselas decidió no multar a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015.

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas de la UE afirma que la Comisión Europea debería garantizar que los objetivos presupuestarios a medio plazo “se cumplan en un plazo razonable”, así como “aplicar normas más estrictas” a los Estados miembros más endeudados.

También abogan por “sincronizar” las exigencias que se hacen bajo ambos brazos, con el argumento de que los ajustes en el corrector no deberían ser inferiores a los que se exigen en el preventivo.

Los auditores consideran además que las recomendaciones específicas por país deberían incluir exigencias “explícitas” de ajustes y una explicación “más clara” de la justificación de los mismos y los riesgos de no adoptarlos.

Por último, afirman que el Ejecutivo comunitario debería asegurar que, en sus programas de estabilidad o de convergencia, los Estados miembros facilitan más información sobre las estimaciones de los ingresos y gastos junto a las principales medidas que les afecten.