La Autoridad fiscal señala que las nuevas medidas contra la inflación aumentarán el déficit en 2022 en un 0,5% del PIB

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en una fotografía de archivo.

Economía


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La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad, publicado por la Institución en el mes de mayo. Desde que se publicó el Informe, se han aprobado nuevas medidas que supondrán un incremento del déficit en 2022 de 0,5% del PIB sobre la previsión anterior. En total, el coste de este nuevo paquete de medidas es de 6.989 millones de euros. 

Las medidas para paliar los efectos de la crisis energética suponen un incremento del déficit del 1% del PIB en 2022. la AIReF cuantifica en 1.772 millones de euros de pérdida de recaudación la prórroga de las rebajas fiscales a la electricidad, ampliadas con la rebaja cinco puntos más, hasta el 5%, del IVA que grava la factura de la luz.

Herrero considera que el escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad “es factible”, motivo por el que lo avaló el pasado 29 de abril. De hecho, “las diferencias entre el escenario macroeconómico del Gobierno y el de la AIReF son muy reducidas”, según la AIReF. 

Entre los riesgos para la economía, la presidenta de la AIReF destacó “la pandemia, la estrategia COVID cero de China; la invasión de Ucrania; los cuellos de botella, la escasez de materias primas y la crisis energética; la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia ; y una mayor intensidad y persistencia de la inflación, que puede generar pérdida de competitividad y efectos de segunda ronda, así como un mayor endurecimiento de la política monetaria”.

Desde que se publicó el Informe el pasado mes de mayo, “no se vislumbra una reducción de los riesgos, e incluso algunos se están materializando. En concreto, persisten las presiones sobre las cadenas de valor mundiales y la intensidad de las presiones inflacionistas lleva a que los mercados anticipen una normalización más rápida e intensa de las condiciones de financiación”. La inflación, además, “se está trasladando a toda la cesta de consumo, sin observarse al mismo tiempo una traslación intensa a los salarios de convenio”. Sin embargo, “hay elementos que apuntan a la posibilidad de un escenario con persistencia de inflación salarial”.

En el ámbito fiscal, la AIReF estima “una reducción del déficit de las Administraciones Públicas a lo largo del período hasta alcanzar el 3% del PIB en 2025”, una décima superior a lo recogido por el Gobierno, que mantiene las tasas de referencia de hace un año pese a un cierre 2021 mucho más favorable de lo esperado. En concreto, la AIReF estima que “en 2022 se producirá una fuerte reducción del déficit por la retirada de medidas COVID y la recuperación económica. En 2023, la reducción será moderada y en 2024 y 2025 se producirá una ralentización en la reducción del déficit”.

La deuda pública “bajará en el horizonte de previsión (2022-2025) gracias al crecimiento nominal, que será el principal factor de la reducción de la deuda en el corto plazo”. El deflactor tendrá una contribución muy notable mientras que el déficit público seguirá contribuyendo al aumento de la deuda. La AIReF proyecta una “reducción de la ratio de deuda sobre PIB de 9,6 puntos en 2025, hasta el 108,8% y considera factible la proyección del Gobierno en el Programa de Estabilidad”.

La AIReF formula una nueva recomendación sobre la necesidad de “destinar los ingresos que se materialicen por encima de lo previsto y aquellos de carácter temporal a acelerar la necesaria reducción del déficit estructural y evitar incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural que no cuenten con una financiación también estructural”. Y otra recomendación sobre la importancia de “evaluar el impacto de las medidas ya adoptadas en términos de eficiencia, eficacia e impacto redistributivo antes de, si fuera necesario, decidir su eventual prórroga”.

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