Los ayuntamientos reclaman que el Gobierno les compense al 100% por los ingresos perdidos de las plusvalías
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha dado el veredicto, que le pidió el Gobierno, sobre cómo se debe reformar la ley para resolver el problema de las plusvalías, que han sido declaradas inconstitucionales en el caso de los terrenos e inmuebles que se venden más baratos de lo que se adquirieron.
Los primero que han dejado claro los alcaldes es que esperan un resarcimiento del Gobierno del 100% de lo que dejen de ingresar por este concepto -algo menos de 2.000 millones anuales en 2016, según Hacienda, aunque no todas las plusvalías eran a pérdidas- o que la nueva configuración del impuesto suponga ingresos similares.
“No puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el Legislativo lo soporten los ayuntamientos”, ha reivindicado el presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo Abel Caballero, ya que “hay un daño cierto a las arcas municipales”. El “vacío legal” que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional se debe resolver “cuanto antes, en semanas” con un proyecto legal en el Parlamento, ha opinado.
En cuanto a las soluciones para la reforma, sugieren dos. La primera es que se establezca un índice anual con la evolución del valor de los suelos y terrenos de naturaleza urbana que refleje la evolución del mercado, elaborado por el catastro, y en función del cual se pague el tributo. Esta sería una base liquidable con criterios objetivos: “Podría haber aumento o disminución, de tal modo que este índice reflejaría la evolución del mercado, siendo positivo o negativo”, ha explicado el alcalde, en función de si el valor del suelo en una determinada zona del país ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido.
La segunda posibilidad que sugiere la FEMP es que la base imponible que se vaya a gravar sea directamente el valor de la compra menos el valor de la venta. El impuesto gravaría si el valor es mayor y no gravaría en caso de una minusvalía, ha señalado.
“Urgimos al Gobierno a que actúe con celeridad”, ha reiterado Caballero, que ha explicado que los recursos que están presentando los afectados “no están siendo por ahora masivos”. Sobre los que se presentan, en un entorno de “inseguridad jurídica”, son los interventores de los ayuntamientos los que están aplicando su criterio, ha explicado el alcalde vigués. En todo caso, ha recalcado que para los consistorios “los ciudadanos tienen razón”, y se quieren poner de su lado, aunque también los ayuntamientos necesitan “garantías”, ha dicho, y no pueden “asumir el coste” de la nueva situación.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal, que grava la revalorización de los inmuebles urbanos cuando son vendidos, si no se han producido ganancias, con lo que extiende a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.
En la sentencia, el Alto Tribunal considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de beneficio para el contribuyente, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.
