Los bancos solo han concedido 42 daciones en pago en seis meses
La forma en que bancos y cajas perciben el drama social que suponen los desahucios se refleja en el mal resultado del Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno. Frente a la magnitud del problema, las cien entidades acogidas voluntariamente solo han concedido en seis meses 42 daciones en pago y 171 renegociaciones de la hipoteca.
El ritmo al que bancos y cajas ponen en marcha las buenas prácticas también se pone de manifiesto en su evolución por trimestres. Durante los tres primeros meses de aplicación del código (de abril a junio), solo se lograron 8 daciones y 44 reestructuraciones. El ministro de economía, Luis de Guindos, insistió entonces en que era un primer paso y que las entidades responderían. En su opinión “está evolucionando positivamente”. A la vista está que 34 daciones y 127 renegociaciones más es una evolución muy lenta.
De Guindos se enfrentaba en el pleno del Senado a varias preguntas sobre la cuestión y a una interpelación. El senador del Grupo Mixto, Manuel Mariscal, leyó los nombres y la fecha en la que varios ciudadanos decidieron poner fin al problema por la vía del suicidio antes de pedir al ministro “que fuera un patriota y plantase cara a los bancos”. El titular de Economía dijo “compartir el dolor” que producen estos casos y recordó que los dos decretos del Gobierno aprobados como medidas urgentes se mejorarán en su tramitación parlamentaria.
Alquileres sociales con muchas condiciones
Una de las medidas recogidas en el último decreto fue la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios reducidos. El ministro concretó en el Senado que los pisos serán 6.000 y a que a ellos podrán optar las familias desahuciadas por impago después del 1 de enero de 2008. Además de cumplir la condición de no superar tres veces el IPREM, los interesados también tendrán que cumplir el resto de condiciones de “especial vulnerabilidad” contenidas en el decreto para obtener una moratoria de dos años en los desahucios.
Los precios de esos alquileres estarán en relación con la renta que perciban las familias y oscilarán entre 150 y 400€ mensuales. El precio no podrá suponer más del 30% de los ingresos y los beneficiados deberán suscribir un contrato con el banco o caja propietario del piso que será prorrogable por dos años más siempre que se mantengan al corriente del pago.
En la comisión que estudiará cómo funciona la adjudicación de las viviendas estarán representados los ministerios de Economía , de Sanidad y Política y Fomento además de las asociaciones bancarias e hipotecarias. De Guindos anunció que se incorporarán las Administraciones locales a través de la FEMP y también algunas ONG y colectivos “por su conocimiento del problema”. Los bancos deberán responder ante esta comisión y justificar por qué las solicitudes son aceptadas o denegadas. Economía no tiene aún estadísticas fiables sobre los desahucios de primera vivienda que se están produciendo y recuerda que la cifra de 400.000 manejada por el CGPJ incluye todo tipo de inmuebles. El INE y el Colegio de Registradores de la Propiedad tienen que calcular el dato real.
