Bruselas controlará a las empresas extranjeras que reciban subsidios

Bruselas, 5 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una regulación con la que pretende controlar a las empresas extranjeras activas en la Unión Europea (UE) que reciban ayudas públicas de sus gobiernos, con el objetivo de hacer frente a las distorsiones y la falta de igualdad que esas subvenciones provocan en el mercado único.

Así, la iniciativa dará poder a la CE para investigar las ayudas financieras concedidas por las autoridades públicas de países no pertenecientes a la UE que beneficien a compañías extranjeras con actividad en el territorio comunitario y reparar sus efectos distorsionadores.

Cuando la iniciativa entre en vigor, las empresas deberán notificar a Bruselas las fusiones que afecten a una firma que haya recibido subsidios de un Gobierno no perteneciente a la Unión por valor de, al menos, 50 millones de euros y en las que la facturación de la empresa que se vaya a adquirir en los Veintisiete sea de 500 millones de euros o más.

También se deberá informar a la Comisión de las candidaturas en procedimientos de contratación pública que impliquen a empresas extranjeras subsidiadas cuando el concurso público tenga un valor de 250 millones de euros o más.

En esos dos casos, tras la notificación, la Comisión realizará su propio análisis y la fusión o el concurso público no podrá concluirse hasta que Bruselas haya finalizado su examen.

La regulación incluye una tercera herramienta con la que el Ejecutivo comunitario podrá investigar por su propia iniciativa cualquier otra situación en el mercado o fusiones y concursos públicos de menor valor si sospecha que implican subsidios extranjeros.

Si la compañía no cumple con las obligaciones de notificación a Bruselas, la CE podrá imponer multas y revisar la transacción como si se le hubiera comunicado.

Cuando la Comisión concluya que existe un subsidio y que genera distorsiones, considerará los posibles efectos positivos y los comparará con las consecuencias negativas.

Si los efectos negativos superan a los positivos, Bruselas podrá imponer medidas correctoras o aceptar compromisos de las empresas afectadas para solucionar el desequilibrio.

La Eurocámara y los estados miembros, colegisladores de la UE, debatirán ahora la propuesta de la Comisión con vistas a acordar la versión final de la regulación.

Una vez adoptada, la regulación se adoptará de manera directa en toda la Unión Europea.