Las cancelaciones y suspensiones de dividendos por el coronavirus drenan 1.800 millones en ingresos para el Estado

La oleada de cancelaciones y suspensiones de dividendos ante el shock del coronavirus ha dejado al Estado sin ingresar por ahora cerca de 1.800 millones de euros con los que contaba para los próximos meses a través de sus participaciones en diferentes empresas cotizadas.

La incertidumbre sobre el cobro de esa suma llega en un momento de máxima tensión para las arcas públicas por las medidas extraordinarias que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a esta emergencia sanitaria y social, en paralelo a la abrupta caída de la recaudación que va a propiciar la paralización de la economía decretada para intentar frenar la epidemia.

De esos 1.800 millones de dividendos en entredicho, unos 1.700 millones corresponden a Bankia, Aena, IAG y Airbus. El pasado viernes, después de que el Banco Central Europeo (BCE) exhortase a la banca a cortar la distribución de dividendos para dedicar sus recursos a financiar la economía real en esta situación extraordinaria, Bankia anunció que renuncia a repartir ningún dividendo extraordinario para este año y puso en revisión su objetivo de distribuir los 2.500 millones que había prometido repartir entre sus accionistas en 2018, en un momento muy distinto al actual, entre ese año y 2020.

De esos 2.500 millones, la entidad nacionalizada en 2012 había repartido o se había comprometido a desembolsar hasta ahora entre sus socios 710 millones, con lo que quedaban pendientes unos 1.800 millones cuyo futuro es incierto. De esa cifra, al Estado le tocarían 1.112 millones, en función de su participación del 61,8% a través del Fondo de Rescate bancario.

Queda por saber si Bankia repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2020, una decisión que no se espera hasta enero, una vez cerrado este ejercicio, para el que se prevé una durísima recesión de salida todavía incierta.

También está en el aire el dividendo de Aena, que la semana pasada suspendió sin fecha la junta de accionistas que tenía previsto celebrar el 31 de marzo, en la que había propuesto aprobar el reparto de un dividendo de 1.153 millones, de los que unos 588 millones los recibiría Enaire, la entidad pública que controla el 51% del gestor aeroportuario.

“Se evaluará, a la vista de las circunstancias y la coyuntura económica, si se mantiene o no el dividendo previsto en la convocatoria de la junta general de accionistas realizada en febrero de 2020”, indicó entonces Aena, que como dijo el ministro José Luis Ábalos la semana pasada, por ahora “ha aplazado el pago de dividendos” ante el “año complicado” que afronta por el cierre casi total del espacio aéreo.

Ante la drástica caída de sus ingresos, el grupo ha puesto en marcha un plan de reducción de gastos e inversiones para tratar de salvaguardar su caja y acaba de firmar préstamos con varias entidades financieras por un importe conjunto de 1.075 millones y con plazos de vencimiento de entre uno y cuatro años para reforzar su liquidez ante la crisis del coronavirus.

Otra empresa relacionada con el sector aéreo en la que participa el Estado es el gigante europeo Airbus, que ya ha cancelado el reparto del que iba a ser el mayor dividendo de su historia. A España iban a corresponderle unos 58 millones en virtud del 4,16% que mantiene a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Esta entidad también tiene un 2,52% de IAG, que todavía no ha convocado su junta (el año pasado se celebró en junio) y que este jueves ha anunciado que cancela el reparto de los 0,17 euros por título que pensaba repartir como dividendo complementario, que suponían distribuir unos 338 millones, de los que 8 millones los habría cobrado la SEPI. Como el resto de aerolíneas, IAG afronta un escenario radicalmente distinto al de 2019, cuando repartió 625 millones en dividendos. La propietaria de Iberia y British Airways, entre otras, ha retirado sus previsiones para este año y en marzo cifró en el 75% el recorte de sus vuelos para los meses de abril y mayo.

SEPI es también el mayor accionista de Red Eléctrica (REE) y Enagás, que en febrero anunciaron el reparto de unos 106 millones en dividendos para este ejercicio. Pero esa decisión está pendiente de sus respectivas juntas de accionistas, que todavía no han convocado y que solían celebrar en marzo.

Fuentes al tanto del proceso indican que ambas compañías, “como es lógico, estudian el nuevo escenario creado para tener una decisión tomada cuando se convoquen” esas asambleas. Cuentan con un margen holgado ya que el Gobierno, tras decretar el estado de alarma, ha ampliado el plazo para celebrar las juntas de accionistas hasta 10 meses después del cierre del ejercicio.

REE (20% de participación pública) anunció en febrero el reparto de un dividendo complementario que reportaría unos 84,3 millones al Estado; y Enagás, de la que SEPI tiene un 5%, anunció también en febrero su compromiso de elevar el dividendo por acción en 2020 un 5%, hasta 1,68 euros por título, lo que supondría repartir unos 440 millones, 22 millones de ellos para el Estado.

SEPI también tiene una participación relevante (10,36%) en el grupo alimentario Ebro Foods, aunque no es el accionista con más derechos políticos, a diferencia de lo que ocurre en REE y Enagás. Ebro, que tampoco ha convocado aún su junta, prevé remunerar a sus accionistas con 87,7 millones de los que unos 9 millones corresponderían a SEPI.

Tensión “sin precedentes”

El Real Decreto-Ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros subraya que “la crisis sanitaria provocada en España por el COVID-19 está generando una tensión sin precedentes en los Presupuestos Generales del Estado, dando lugar a la necesidad de atender gastos imprescindibles, imprevisibles y de importante cuantificación, que no tienen cabida en un presupuesto prorrogado desde 2018”

Por ello, la norma contempla que, si así lo establece la ministra de Hacienda, se lleve a cabo “la transferencia a la cuenta del Tesoro Público que se determine, de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal” a un fondo de contingencia, tal y como prevé la Ley General Presupuestaria.

Según fuentes de Hacienda, de esta definición están excluidas entidades como Aena o las empresas 100% públicas. Ese fondo de contingencia servirá, según el decreto, “para atender exclusivamente gastos y actuaciones que sean necesarios para hacer frente a esta crisis sanitaria que tiene su efecto en todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de paliar los efectos de la misma en el empleo, en las personas y sectores más afectados, o para atender cualquier gasto que sea necesario para reforzar las capacidades de respuesta a esta crisis derivada del COVID-19”.