La cuadriga acreedora negocia en Atenas las reformas más espinosas del nuevo paquete

Los representantes de las instituciones acreedoras de Grecia llegan hoy a Atenas para negociar el próximo paquete de medidas, entre las que hay cuatro cuestiones delicadas, que el país debe adoptar para recibir un tramo de 1.000 millones de euros del tercer rescate.

En las negociaciones, que continuarán al menos hasta el próximo viernes según la prensa local, el Gobierno y los representantes de la llamada cuadriga (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad) intentarán alcanzar un acuerdo en cuatro espinosos temas.

Estos son la gestión de los préstamos morosos, la privatización de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE), la nueva tabla salarial del funcionariado y la creación de un fondo de privatizaciones.

El objetivo del Ejecutivo de Alexis Tsipras es que las medidas sean votadas en el Parlamento antes del 18 de diciembre para que el Eurogrupo pueda dar su visto bueno al desembolso de los 1.000 millones de euros antes de Navidad.

Según el periódico Kathimerini, fuentes de las instituciones señalan que puede que se necesite más tiempo para legislar estas medidas, pero en tal caso el desembolso podría posponerse hasta enero y estaría condicionado a los resultados de la primera evaluación del programa.

Respecto a la gestión de la cartera de préstamos morosos, aún no hay acuerdo sobre cuáles podrán ser vendidos a fondos privados, los denominados “fondos buitre”.

El Gobierno quiere limitar la venta a los préstamos superiores a un millón de euros, para poner así a salvo a las pequeñas empresas y a las primeras viviendas no protegidas, una postura que rechazan los acreedores, que solo acepta excluir a las primeras residencias que sí están protegidas frente al desahucio.

Grecia y sus prestamistas están de acuerdo en que la empresa de distribución de electricidad (ADMIE) debe dejar de ser propiedad de la compañía pública de electricidad (DEI), pero no convergen en la forma de privatizar y controlar este organismo.

Los acreedores exigen su privatización completa de ADMIE, mientras el Gobierno defiende una privatización parcial e insiste en que el Estado debe mantener su control.

La creación del fondo para las privatizaciones, que sustituirá al ya existente (TAIPED), es otro punto de fricción.

El objetivo gubernamental es la puesta en valor, a través de este fondo, de bienes del Estado a través de la cesión de su uso con contratos a largo plazo o proyectos de inversión público-privada.

Atenas insiste en que el acuerdo del pasado julio prevé que el control de este fondo estará en manos del Estado griego, mientras los acreedores presionan para que puestos claves en la dirección del organismo estén en manos extranjeras.

En julio se estableció que Grecia transferirá a este fondo activos públicos por valor de 50.000 millones de euros.

Respecto a la nueva tabla salarial unificada de los funcionarios, que debe ser aplicada a partir del 1 de enero de 2016, los acreedores exigen la reducción del salario base y asociar los aumentos salariales a la productividad.

Este segundo paquete de 13 requisitos no incluye la reforma de las pensiones ni la eliminación de la exenciones fiscales de los agricultores, dos temas que el Gobierno ha pospuesto hasta enero por el alto grado de rechazo popular.

Ambas cuestiones son cruciales para que las instituciones inicien la primera evaluación del programa, prevista para finales de enero.

Tras esta revisión debe iniciarse el diálogo sobre un posible alivio de la deuda, una de las grandes promesas de Tsipras.

De cómo termine esta evaluación y de que los socios europeos acceden a reestructurar la deuda depende también la entrada del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tercer rescate.

En una entrevista en la televisión pública griega, Tsipras dijo ayer que tras el éxito de la recapitalización de la banca, no será necesaria su participación.

El primer ministro afirmó que los representantes del FMI “piden cosas que nadie puede soportar en Grecia y después van a los socios europeos y les piden condiciones de relajamiento de la deuda que tampoco ellos pueden aceptar”.

Los cuatro principales bancos griegos han necesitado 5.700 millones de euros de los 10.000 millones calculados tras las pruebas de resistencia, de modo que el monto del rescate ha descendido hasta los 67.000 millones en lugar de los 86.000 millones estimados.