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Las cuentas de Banco de Valencia también falseaban su realidad

El BCE mantiene los tipos de interés en el 0,05 por ciento para evitar una recesión

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Las cuentas del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no expresaban la imagen fiel de la entidad, que durante años había declarado beneficios recurrentes y siguió haciéndolo hasta mediados de 2011.

Ésta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por dos peritos designados por el Banco de España para el instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, sobre el Banco de Valencia, que en noviembre de 2011 tuvo que ser intervenido y posteriormente vendido a La Caixa.

El Banco de Valencia pertenecía al grupo BFA -cabecera de Bankia- en el que consolidaba por integración global puesto que era el accionista de control y tuvo que asumir un deterioro de 498 millones tras la intervención.

El Banco de Valencia se integraba en Bancaja, una de las fundadoras de BFA-Bankia, desde hacía 16 años por lo que "su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia originarios de Bancaja", añaden los peritos.

Además recuerdan que estos consejeros, entre ellos el ex presidente del Partido Popular de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, ocupaban la presidencia y vicepresidencia de Banco de Valencia.

Los peritos destacan que a cierre de junio de 2011, el patrimonio neto del Banco de Valencia ascendía a 1.282 millones, sin embargo la entidad declaró posteriormente, en el cierre del ejercicio, unas pérdidas consolidadas antes de impuestos de 1.298 y 922 millones en términos netos por saneamiento de préstamos y activos inmobiliarios.

De ese modo su patrimonio neto se redujo a 368 millones, pero los expertos indican que los deterioros que provocaron esa situación no se generaron en la segunda mitad de 2011, sino que venían de años anteriores.

Por eso llegan a la conclusión de que los estados financieros del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no expresaban la imagen real de la entidad, que llevaba años cotizando en bolsa y a la que el Estado le tuvo que inyectar 4.500 millones de euros antes de subastarla.

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