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31.483 defraudadores anónimos, ¿más Luis Bárcenas?

El Gobierno del PP promovió una polémica amnistía fiscal

Belén Carreño

Luis Bárcenas se ha convertido, por unas horas, en el primer rostro visible de la polémica amnistía fiscal promovida por el Gobierno en marzo de 2012. Según los datos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a 31 de noviembre hasta 31.484 contribuyentes se acogieron a este programa de regularización extraordinario. La identidad de estos participantes en la amnistía es anónima, como la de cualquier declarante a la Agencia Tributaria.

Según los datos de Hacienda, de media cada contribuyente “pagó” un impuesto por valor de 37.380 euros, esto es, que blanqueó, con el permiso del fisco, casi 400.000 euros, ya que el peaje para hacer legal este dinero era dar un 10% de tributo a las arcas del Estado. Aunque esta media es estadística, es significativo que el montante que el abogado de Bárcenas aseguró que este había regularizado –10 millones de euros– sea 25 veces superior al de la media que se ha declarado en este programa.

En total, Hacienda ha recaudado 1.200 millones de euros con la amnistía fiscal, cuando había previsto ingresar el doble. Los despachos de asesores fiscales denunciaron que las dificultades técnicas a la hora de acogerse al programa habían planteado trabas a la hora de animar a más ciudadanos a declarar.

La medida tuvo fuertes críticas, incluso a nivel internacional. En un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), se cuestionaba el que bajo el paraguas de este programa se pudieran blanquear capitales envueltos en delitos en el extranjero. Según dice el informe, la Fiscalía Anticorrupción tranquilizó a los técnicos de la OCDE al asegurar que Hacienda “solo” les había remitido un caso sospechoso de estar envuelto en este tipo de prácticas delictivas.

El origen del capital repatriado en el programa es desconocido. Bien puede haberse generado en negocios en el extranjero, como asegura el abogado de Bárcenas, o bien puede deberse al lucro en actividades ilícitas.

En realidad, para los empresarios que tienen empresas con filiales en el extranjero había un programa propio de repatriación de capitales, con un gravamen especial aún más bajo, el 8%.

La amnistía fiscal pretendía repatriar un alto volumen de capitales al Estado, que en la actualidad las grandes fortunas tendrían radicado en el extranjero con el fin de pagar menos impuestos. Hacienda puso como señuelo un impuesto muy bajo, del 10%, con el fin de animar a estas fortunas a traer los ingresos de vuelta a España. A cambio, Hacienda hace la vista gorda al delito que supone que un ciudadano español tenga dinero sin declarar en el extranjero.

Además de los 1.200 millones de euros ingresados por este primer pago de impuesto, el fisco defiende que la medida acarreará más ingresos futuros ya que a partir de ahora este dinero tributará año tras año en España.

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