Los desahucios caen un 35 por ciento en el tercer trimestre del año

El número de desahucios practicados en el tercer trimestre del año ha disminuido un 35 por ciento, según ha señalado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha mantenido que esta tendencia a la baja se viene produciendo desde principios del 2015.

De Guindos ha ofrecido estos datos en el pleno del Congreso, mientras respondía a una pregunta de Rafael Mayoral, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre lo que tiene previsto hacer el Gobierno para cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño en relación con las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

La caída de los desahucios ha sido constatada por el Consejo General del Poder Judicial y se debe, según el ministro, a la recuperación económica y la creación de empleo.

Prueba de ello, según ha comentado, es que el 60 por ciento de las ejecuciones hipotecarias que se estaban produciendo provenían de los años 2005 a 2008.

El ministro ha enumerado las medidas adoptadas para hacer frente a los desahucios, un asunto que, a su juicio, se puede abordar “haciendo demagogia” o estableciendo “medidas eficientes”. Y ahí De Guindos ha afirmado: “Fuimos el primer Gobierno que tomó medidas contra los desahucios y los lanzamientos”.

De esas medidas, según el ministro, se han beneficiado más de 75.000 familias, pero además se han producido más de 37.200 reestructuraciones de deuda, casi 7.000 daciones en pago, 7.000 familias han accedido a un alquiler del fondo social de vivienda y la Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos 4.000 viviendas, incluyendo el de Madrid y Barcelona.

Los datos no han convencido a Mayoral, a quien le hubiera gustado que enmarcara su intervención como una cuestión de derechos humanos porque considera que el Gobierno “se ha ensañado con los sectores más vulnerables de la sociedad para proteger a sus amigos los banqueros y los especuladores internacionales”.

“Se ha producido un incumplimiento reiterado y sistemático de la normativa europea e internacional en materia de derechos humanos -ha proseguido-. Esa violación sistemática de derechos, manteniendo un procedimiento judicial ilegal, ha tenido como consecuencia desahucios ilegales y poner a nuestro país fuera de la ley”.