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El caso Zed avanza pese a la pandemia y encara su tercer año de investigación

El caso Zed avanza pese a la pandemia y encara su tercer año de investigación
Madrid —

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Madrid, 15 ago (EFE).- La investigación sobre la caída del grupo Zed se confirma, en su tercer aniversario, como una compleja causa capaz de aunar bajo el mismo sumario el presunto fraude de subvenciones de su fundador, Javier Pérez Dolset, y las conspiraciones del accionariado ruso para adquirirlo a bajo coste.

A pesar del frenazo causado por la pandemia, la “operación Hanta” ha dado nuevos pasos de cara a esclarecer por qué la compañía más prometedora del país acabó en situación de insolvencia, el último con una de las testificales más esperadas.

LA CONSPIRACIÓN RUSA

Siete meses después de suspender la declaración, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se desplazaba hace unas semanas a Londres para escuchar a Edwin Harland, autor del informe “forensic” que advirtió de que los accionistas rusos del grupo Zed podrían estar bloqueando la actividad de la tecnológica.

En las cuatro horas y media de interrogatorio, el auditor ratificó el contenido de un trabajo que los investigadores utilizaron para proponer la imputación del magnate Mijaíl Fridman, que, según la Fiscalía, habría propiciado los problemas de la compañía para adquirirla a un “precio irrisorio”, algo que él siempre ha negado por carecer de capacidad de decisión.

Los vínculos de Zed con el empresario se remontan a hace casi una década, con la entrada en el accionariado de varias de sus sociedades afines.

Éstos se intensificarían en 2013, cuando Zed, en pleno crecimiento, planeó su salida a Bolsa en el Nasdaq estadounidense, para lo que requería de un crédito de 140 millones suscrito con varias entidades, entre ellas Amsterdam Trade Bank, filial del Alfa-Bank controlado por Fridman.

El informe de Harland recoge cómo en febrero de ese año comenzaría el presunto bloqueo de la actividad del grupo tecnológico por parte de los accionistas rusos.

Según fuentes jurídicas, el auditor se refirió al memorándum enviado por el consejero delegado de una de las compañías controladas por Fridman en el que advertía al empresario de que había detectado conductas extrañas en la mercantil que compartían con Zed para los negocios en Rusia.

Sospechaba de que alguien vinculado a ella se estaba llevando dinero, bien los socios de Fan Box, donde tenía intereses el Aleksander Kolokotsev, hijo del ministro del Interior ruso, o bien uno de los “hombres de confianza” de Vage Engibaryan, imputado en el caso como posible “subordinado” de Fridman en la trama a ojos de Anticorrupción.

Ello motivó el encargo de Zed del “forensic” de Harland, que concluyó que se estaban pagando comisiones a Kolokotsev de forma encubierta, por sus conexiones públicas.

Extremo que el auditor confirmó durante su interrogatorio, en el que dijo que se trataba de una práctica frecuente en Rusia para garantizar el éxito del negocio, y apuntó a un supuesto soborno a un funcionario de Hacienda del país, añaden las mismas fuentes.

A comienzos de agosto, el diario El Mundo adelantó la petición de Fridman al juez para ser exculpado del caso al entender que la instrucción se había agotado.

LAS SUBVENCIONES EN ESPAÑA

Pero la Audiencia Nacional también ha avanzado en la otra pieza del rompecabezas, la que afecta a la familia Pérez Dolset por el presunto fraude de subvenciones, las cuales habrían sido obtenidas, dice Anticorrupción, “con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no se devolverían”.

A comienzos de este año, el juez se centraba en los responsables de la Administración que podrían haber intervenido en estas concesiones, e imputaba al exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo.

Aunque éste negó un trato de favor, sí admitió que los proyectos de Zed fueron los únicos sobre los que le preguntó el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, incluso a través de un correo electrónico personal, y no el corporativo.

La instrucción entra ahora en una etapa clave en la que el juez tendrá que ir atando cabos y comprobar, si como apunta Anticorrupción, hay indicios para pensar que todas las acciones, “ejecutadas por distintos sujetos incluso desde intereses contrapuestos”, acabaron lentamente con Zed.

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