El déficit público escala al 6,1% del PIB hasta junio

El impacto de las medidas adoptadas para paliar la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas al 6,1% del PIB hasta el mes de junio. El déficit del Estado escala al 5,4% del PIB hasta julio, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En concreto, en los siete primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.413 millones, lo que equivale al 5,4% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,2%.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue de 68.524 millones hasta junio, lo que equivale al 6,12% del PIB.

Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,2%, según explica el Ministerio en un comunicado. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 15,8% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 21,4% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Hacienda recuerda que “desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit”.

Los recursos no financieros se sitúan en 95.716 millones, lo que supone una disminución del 15,8% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de julio están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Caída de la mayoría de figuras tributarias

Así, los recursos impositivos -representan el 80% del total- se sitúan en 76.619 millones, lo que supone una disminución del 18,4%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias, donde destacan, por un lado, el descenso del 14,0% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 16,4%, hasta los 37.353 millones.

Este comportamiento se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y a la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia, según Hacienda. El Ministerio lo ejemplifica con la aplicación del tipo cero en el IVA de las mascarillas y demás material sanitario adquirido por hospitales, organismos públicos y entidades privadas de carácter social para hacer frente a la COVID-19.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 25,8%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 14,0% y el IRPF un 29,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

También descienden los impuestos sobre el capital un 78,5% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 33,4% así como los intereses, que disminuyen un 18,2%.

Aumento de las transferencias a las regiones

Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia, según Hacienda.

Además, hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones. Este fondo que las CCAA no lo tienen que devolver se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos.

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por la COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

Los consumos intermedios se incrementan en un 20,1%, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,6%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, y las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 231 millones. Destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Déficit del 0,6% de las CCAA

La Administración regional ha registrado un déficit de 6.710 millones, lo que supone el 0,60% del PIB, frente al déficit del 0,67% del PIB registrado hace un año, lo que supone un 19,6% menos. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

En concreto, esta moderación del déficit obedece, según Hacienda, “al adelanto de la financiación procedente del Estado, vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia”.

Además, los ingresos se han incrementado un 7,3%. En este sentido, el Ministerio destaca el aumento de los ingresos impositivos en un 3,1%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,2% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 13,7%, por los mayores recursos recibidos del Estado.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,8%, los consumos intermedios crecen un 9,0%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,6% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta junio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,2%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.

Las subvenciones se elevan un 10,5% y las prestaciones sociales un 12,1%. Por último, la inversión crece un 4,2% y las transferencias entre AAPP aumentan un 4,1%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 15,4%.

Todas las CCAA (salvo Madrid, Navarra y País Vasco) registran en la primera mitad de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, tres regiones se posicionan en situación de superávit o de equilibrio presupuestario: País Vasco, La Rioja y Canarias.

Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,13% del PIB. El comportamiento de este subsector responde, fundamentalmente, a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han incrementado un 18,2%, por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentan un 23,3%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 15.997 millones, un 76,5% de todo el incremento registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 2.487 millones, un 0,22% del PIB, frente al déficit del 0,68% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 70,8%. Esta favorable evolución es debida a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 60.546 millones, con una disminución del 1,6% respecto a los de finales de junio de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 82.232 millones, un 8,9% más que el año anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 10.007 millones en la primera mitad del año. Las cotizaciones sociales descienden un 3,0%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen en la primera mitad del año en 10.851 millones.

La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTE por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de junio cercano a los 8.800 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.258.551 personas, cifra que supone el 56,7% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.