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El Tribunal de Cuentas urge cambiar la norma para acortar plazos en informar a las Cortes

El Tribunal de Cuentas urge cambiar la norma para acortar plazos en informar a las Cortes
Madrid —

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Madrid, 13 oct. (EFE).- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha insistido en el Senado en la necesidad de modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General de Estado para que los informes que debe explicar en las Cortes Generales no se retrasen más de un año.

En este sentido, se ha pronunciado en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en el Senado en la que ha presentado varios informes de fiscalización de la cuenta general del Estado correspondiente a 2017 y 2018.

El Tribunal de Cuentas insiste en que la rendición de este organismo en sede parlamentaria debería ser el año posterior en el que las cuentas generales son aprobadas, y no tres ejercicios después como ocurre este martes, con la de 2017.

“Es un ejercicio de transparencia compartida”, ha dicho de la Fuente que ha puntualizado que el Parlamento debe ser soporte de las declaraciones del Tribunal de Cuentas dando “potencia” a las resoluciones que presente este organismo.

Y en este sentido se ha referido a la Cuenta General del Estado que es “el ejercicio esencial que tiene este tribunal con el Parlamento para que luego lo apruebe”.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas recuerda que la cuenta general del Estado de 2018 presenta fielmente en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios de patrimonio, los flujos de efectivo y la liquidación del grupo de entidades que la integran aunque con algunas salvedades como que no se han integrado en la cuenta 58 entidades del sector público estatal sobre un total de 439 dependientes.

Asimismo, con respecto de las entidades multigrupo y asociadas, no se han integrado tres con participación directa y 43 con participación indirecta, de un total de 14 y 241 entidades, respectivamente.

Otra salvedad que manifiesta es que como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el presupuesto del ejercicio, el resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en 2.292,8 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas señala que, por segundo año consecutivo, el balance de la Seguridad Social recoge un patrimonio neto negativo, que asciende, a 31 de diciembre de 2018, a 33.260 millones de euros, con origen en las operaciones de gestión ordinaria; acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado de 41.191 millones a finales de ese año.

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