Los empresarios portugueses también censuran las nuevas medidas de ajuste

Los empresarios portugueses se sumaron hoy a los sindicatos y la izquierda y censuraron las últimas medidas de ajuste del Gobierno conservador, que subirá las cargas contributivas de los trabajadores para reducir la que pagan las empresas.

El presidente de la Confederación Empresarial Portuguesa (CIP), Antonio Saraiva, criticó que la reducción del 23,5 % al 18 % de la aportación patronal a la Seguridad Social, conocida como Tasa Social Única (TSU), se transfiera a los trabajadores, que pasarán en 2013 a entregar a la institución el 18 %, en vez del 11 %, de sus salarios.

“Nunca la reducción de la TSU de las empresas debía de ser compensada por los trabajadores”, sostuvo Saraiva en una conferencia de prensa.

A partir del próximo año, el Gobierno portugués aplicará el aumento del pago de los trabajadores a la Seguridad Social que, según cálculos de la prensa lusa, puede suponer la pérdida del equivalente a más de un salario anual para quienes ganen apenas mil euros mensuales.

Con esa y otras medidas de austeridad y recortes de gastos el Ejecutivo luso espera equilibrar las cuentas publicas de Portugal, que cumple un estricto plan de austeridad exigido a cambio del rescate financiero de 78.000 millones de euros que pidió el año pasado.

El representante de la patronal defendió que la reducción de la TSU debía de ser “selectiva” y aplicable solo al sector exportador, ya que en el resto de empresas el efecto es “dudoso”.

Alertó también de que el aumento de contribuciones en los trabajadores puede llevar a “una reducción del consumo”, que impactaría en la facturación de las propias empresas.

“Es legítima la indignación que se siente hoy en la población portuguesa”, declaró Saraiva.

La oposición de izquierda y los sindicatos lusos han sido aún más duros y consideran que las últimas medidas de ajuste “profundizan” la aguda crisis que atraviesa el país.

El principal sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), de línea comunista, ha convocado una “jornada de lucha” el próximo día 29, y el movimiento de los “indignados” lusos ha organizado una marcha este sábado en la capital.

Desde la principal formación de la oposición, el Partido Socialista (PS), se ha amenazado al Ejecutivo con romper el consenso de cara a la aprobación de los presupuestos del Estado de 2013 y rechazarlos en el Parlamento.

Su hipotética oposición sería simbólica porque el actual Gobierno de coalición social-demócrata y democristiana tiene mayoría absoluta en el Parlamento.

Pero su censura pondría en cuestión el respaldo político en torno a programa de austeridad pactado en 2011 con la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo a cambio del rescate.

Entonces, el PS, el Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos del CDS-PP, que representan el 80 % de los parlamentarios, apoyaron el programa de la troika para Portugal.

Las últimas medidas gubernamentales han generado dudas incluso entre conocidas figuras de los dos partidos que forman el Ejecutivo, el PSD y el CDS-PP.

La veterana dirigente Manuela Ferreira Leite, ex presidenta del PSD y antigua candidata a primera ministra y titular de la cartera de Finanzas, avisó de los perniciosos efectos de la subida de las contribuciones de los trabajadores y propugnó un corte en los gastos estatales como medida alternativa.

“Si continuamos insistiendo en este receta, que no está dando resultados, cuando lleguemos al final el país estará destrozado”, alertó.

A pesar de la relajación de las metas de déficit portugués para 2012 y 2013 concedida esta semana por la UE y el FMI, el Gobierno luso anunció en los últimos días una nueva batería de recortes que considera imprescindibles para sanear las cuentas nacionales.

Aparte de la TSU, habrá aumentos de varios impuestos, entre ellos a los trabajadores autónomos, reducción de los pagos y de la plantilla de los funcionarios, recortes de las pensiones más elevadas y nuevas privatizaciones de entidades públicas, que se suman a los ajustes aprobados en los dos últimos años.