Un exdirectivo de CCM dice que dimitió porque no le daban información

El antiguo miembro de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) Emilio Sanz Sánchez ha asegurado hoy ante el juez que dimitió de ese órgano en 2009 después de que se le negara información sobre la entidad que había solicitado.

Sanz, que preside el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y ha comparecido como imputado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha explicado que en enero de 2009 requirió datos sobre la ratio de solvencia de la caja y que, ante la negativa de la caja a proporcionárselos, presentó su dimisión el mes siguiente, han informado fuentes jurídicas.

Los responsables de CCM le respondieron, según estas fuentes, que tenían problemas informáticos que les impedían acceder a esa información.

Ruz también ha interrogado hoy, asimismo como imputados, a otros dos exmiembros de la Ejecutiva, José María Fresneda y Carlos Jiménez Morante, y al secretario de la citada comisión, José Fermín Sánchez Bódalo, que han asegurado que carecían de conocimientos financieros cuando aprobaron una serie de préstamos que, según la Fiscalía, derivaron en un perjuicio para la caja.

Fresneda es secretario general del sindicato agrario Asaja en Castilla-La Mancha, Jiménez era el representante de UGT en la caja y Sánchez Bódalo fue alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El juez Ruz tomó ayer declaración a otros tres miembros de la Comisión Ejecutiva, Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso y Florencio Fernández Gutiérrez, que señalaron que se habían limitado a aprobar operaciones que contaban con el aval previo del área y el Comité Superior de Riesgos de la entidad.

El Banco de España apreció “actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil” en relación con varias operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva, como los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia y Grupo Lábaro por un total de 253,8 millones de euros.

Los antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva fueron citados por Ruz a petición de la Fiscalía por haber aprobado lo que ésta denominaba “una serie de operaciones singulares” que derivaron en perjuicio para la caja, que según el supervisor presentaba un agujero patrimonial de 267 millones.

En un auto notificado el pasado 15 de octubre, el juez recordaba que, hasta ahora, solo uno de los integrantes de la Ejecutiva, el expresidente de la caja Juan Pedro Hernández Moltó, había prestado declaración como imputado, por lo que procedía interrogar a quienes “de igual manera que el primero habrían participado en la toma de decisiones”.

También está imputado el ex director general de CCM Ildefonso Ortega, que formaba parte del Comité Superior de Riesgos.

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.

La caja castellanomanchega fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.