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Expectativa y tensión en Perú por la decisión del Congreso sobre la ley agraria

Expectativa y tensión en Perú por la decisión del Congreso sobre la ley agraria
Lima —

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Lima, 24 dic (EFE).- Perú se mantiene este jueves a la expectativa y en tensión mientras se espera una decisión del Congreso sobre la nueva ley agraria, que es exigida por miles de agricultores que desde el lunes bloquearon la carretera Panamericana en el sur y norte del país.

Aunque las fuerzas de seguridad han retomado el control y despejado la Panamericana en la región sureña de Ica, donde el miércoles se presentaron duros enfrentamientos, durante la mañana de este jueves piquetes de manifestantes volvieron a bloquear un puente estratégico de la carretera en la localidad norteña de Virú.

Mientras tanto, la Comisión de Economía del Congreso celebrará durante la tarde de este jueves una sesión virtual extraordinaria para buscar un acuerdo sobre el proyecto de la Ley de Promoción Agraria, un procedimiento imprescindible antes de el tema sea debatido y votado por el pleno parlamentario.

CONTROL DE CARRETERAS

Cientos de agentes antidisturbios de la Policía Nacional del Perú (PNP) redoblaron este jueves el control en los accesos hacia los barrios de Ica cercanos a la Panamericana para impedir que los manifestantes vuelvan a bloquear la autopista.

Tras los graves enfrentamientos que se presentaron en esa localidad este miércoles, donde hubo decenas de manifestantes y policías heridos, la situación se mantenía en calma en la zona.

El control de la Panamericana se replicó en el norte del país, a la altura de la localidad de Virú, aunque luego grupos de manifestantes bloquearon nuevamente un puente estratégico, según reportó la emisora RPP Noticias.

GARANTIZAR ORDEN PÚBLICO

El ministro del Interior, José Elice, aseguró que los agentes policiales están actuando para garantizar el orden público y el libre tránsito siempre con respeto a los derechos humanos.

“Los efectivos salen para garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Hemos dispuesto que los agentes de la Policía en dichas zonas estén expectantes y los dirigentes han solicitado a los manifestantes que hagan lo mismo”, remarcó.

Elice aseguró que el Gobierno peruano respeta el derecho a la protesta, pero no permitirá actos de violencia como los que se presentaron en Ica, donde el miércoles una turba de manifestantes incendió una ambulancia y otros vehículos.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

El Gobierno ha presentado ante la comisión de Economía del Congreso una propuesta para la nueva ley agraria, que contempla el otorgamiento de un bono a los peones del 20 % sin tener un carácter remunerativo, de manera que se daría un incremento del salario diario de 39 a 45 soles (de 10,8 a 12,46 dólares).

“No vamos a resolver todos los problemas, no vamos a satisfacer totalmente las aspiraciones de los trabajadores y de empresarios”, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

En la misma línea se expresó el ministro de Agricultura, Federico Tenorio, quien sugirió “aprovechar esta oportunidad para atender las demandas legítimas de los trabajadores y encontrar un equilibrio para seguir con un dinamismo en el sector agroexportador, que ha demostrado innovación, tecnología y estándares de calidad”.

LA LEY AGRARIA

La segunda ola de protestas de los trabajadores agroindustriales de Perú se desató el lunes 21 de diciembre, luego de que el pleno del Congreso rechazó el domingo la aprobación de la nueva ley agraria y decidió que el proyecto regrese a la comisión de Economía.

A inicios de diciembre, los peones bloquearon la Panamericana para exigir la derogación de su régimen laboral vigente desde el 2000 y beneficios fiscales a las empresas, cuyo sector multiplicó sus ingresos de unos cientos de millones a cerca de 6.000 millones de dólares anuales gracias a productos como arándanos, espárragos o alcachofas.

Las masivas protestas se saldaron con la muerte de un trabajador agrario de 20 años en La Libertad, tras lo cual el Congreso decidió derogar la ley y creó una comisión que en un plazo de 15 días debía proponer una nuevo régimen laboral agrario “con justicia social”.

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