La fiscal pide que se investiguen pagos de Iberdrola a Cabieces

La fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, ha pedido al juez que investigue el pago por parte de Iberdrola de 62.000 euros anuales al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, según publica hoy “El Correo”.

La fiscal envió ayer al juzgado sus conclusiones sobre el “caso Kutxabank”, en las que ha pedido imputar al expresidente del banco vasco, Mario Fernández, al ex delegado del Gobierno Mikel Cabieces, y a Rafael Alcorta, del despacho de abogados a través del cual el banco pagó a Cabieces 243.000 euros en tres años.

La fiscalía entiende que existen indicios de tres presuntos delitos por administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil, que en sus supuestos más graves conllevan penas de hasta cuatro años de prisión.

En el mismo auto, la representante del Ministerio Público pide al juez que investigue los pagos de la compañía eléctrica a Cabieces, no desvelados hasta ahora.

Según la fiscal, Cabieces fue contratado en 2012 como asesor jurídico en el área de recursos humanos de Iberdrola, que le pagó 45.000 euros en 2102 y 65.000 en 2013.

En estos dos años, los 243.000 euros pagados por Kutxabank y estos 107.000 abonados por Iberdrola fueron los únicos facturados por Mikel Cabieces, además de 450 euros a un centro de belleza de Barakaldo.

La compañía eléctrica ha dicho hoy que no tenía ningún comentario que hacer en relación con este asunto.

En el caso de Kutxabank, la fiscal ha explicado en su auto que los pagos a Cabieces llegaron “sin contraprestación alguna” para el banco.

Mario Fernández explicó que los pagos se hicieron porque en 2012 “un líder del PP” le pidió que buscara una “salida profesional” a Mikel Cabieces, como se solía hacer con otras personas vinculadas con la lucha contra ETA, y para ello se firmó un contrato con un bufete de abogados.

Fernández defendió la legitimidad de su actuación y aseguró que la entidad no había sufrido perjuicio económico porque él mismo devolvió a Kutxabank los 243.000 euros que se habían derivado a un bufete, el de Rafael Alcorta, al que se había vinculado Cabieces.

Para la fiscal, este argumento no justifica los pagos, ya que, a su juicio, lo relevante es que Fernández ordenó los mismos sin comunicarlo al consejo de administración y critica que se acudiera a una persona interpuesta, con lo que los pagos de estas cantidades “no resultan fácilmente detectables”.

Adán ha recordado que las donaciones a terceros, sean altruistas o desinteresadas, son supuestos que habitualmente se declaran como delito de apropiación indebida o administración desleal.

Respecto al despacho de abogados, según la fiscal podría haber incurrido en un delito de falsificación de documento mercantil, puesto que las facturas emitidas para incluir los pagos a Cabieces “fueron alteradas en elementos esenciales”.