Francia endurece por ley el control de los trabajadores europeos desplazados

El Parlamento francés adoptó hoy una ley que endurece el control y las sanciones por la directiva europea sobre los trabajadores desplazados para evitar que las empresas recurran a ellos de forma abusiva y que generen una competencia desleal con los trabajadores franceses.

El proyecto legislativo finalizó su tramitación en la Asamblea Nacional, donde recibió el apoyo de los diputados del Partido Socialista -que estuvo en el origen de la iniciativa-, de los ecologistas, los radicales de izquierda y los centristas, mientras que el Frente de Izquierdas y la conservadora Unión por una Mayoría Popular (UMP) se abstuvieron.

Con este texto, Francia anticipa el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre en la UE para encuadrar de forma más firme la directiva sobre los trabajadores desplazados de 1996 que había generado polémica y fue uno de los grandes temas de debate para las elecciones de mayo, utilizada sobre todo por grupos anti-europeístas como el Frente Nacional.

El legislador establece que la empresa que desplace a uno o varios de sus trabajadores a Francia tendrá que enviar a la inspección de trabajo del lugar donde se efectúe la actividad una declaración y designará un representante ante el país para responder de sus obligaciones.

El beneficiario de los trabajos tendrá que verificar antes de su comienzo que la empresa cumple esas obligaciones, lo que incluye la legislación laboral francesa (tiempo de trabajo, vacaciones, salario mínimo o pago de la remuneración, reglas de seguridad, derecho de huelga).

También habrá de garantizar que los empleados enviados a Francia no están sometidos a “condiciones de alojamiento colectivo incompatibles con la dignidad humana”.

La remuneración será la que se establece en Francia, aunque las cotizaciones se pagarán en función de las existentes en el país del que salen los trabajadores.

La empresa para la que se realiza la faena será financieramente solidaria del abono de los salarios.

En caso de infracción, se contemplan penas de cárcel que pueden llegar hasta los diez años y multas de 100.000 euros.

Además, las empresas condenadas por trabajo ilegal tendrán prohibido el acceso a subvenciones públicas durante cinco años, y durante dos aparecerán en una “lista negra” que las autoridades francesas colgarán en internet.

Este dispositivo de supervisión reforzado se aplicará a todos los sectores, y no sólo a la construcción, que era el objetivo del acuerdo europeo de diciembre (para el resto, su puesta en práctica es facultativa, según ese compromiso).