Los ceses en la Agencia Tributaria tuvieron “intencionalidad política”, según Gestha

El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado, ha afirmado este viernes que la “cadena de ceses” que en los últimos días se ha producido en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria se debe a una “intromisión” con “intencionalidad política” en el funcionamiento del organismo, y ha asegurado que esta situación “viene ocurriendo desde hace meses y es muy malo para la Agencia”.

Durante su intervención en la Jornada parlamentaria sobre Fiscalidad organizada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Cruzado ha recordado que la semana pasada una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes “ratificó una sanción a una multinacional”, la cementera mexicana Cemex, lo que acabó conllevando su “cese inmediato” por parte del jefe del departamento, que “tenía otro criterio”.

“A veces hay discrepancias técnicas, pero no es normal que eso provoque luego una cadena de ceses y dimisiones. Ayer la AEAT dijo que es normal, que es parte de la reestructuración (motivada por el cambio de dirección en la Agencia), pero eso ya se hizo hace cinco meses y esto no es normal”, ha insistido el inspector.

Por eso, a su juicio todo lo que ha ocurrido se debe a “una intromisión” con “intencionalidad política”, que viene “ocurriendo en los últimos meses” y que es “muy malo” para la Agencia Tributaria porque “da una imagen de ente instrumentalizado políticamente”.

Doble vara de medir

De hecho, según Cruzado éste no es el único ejemplo de la “doble vara de medir” que mantiene la dirección de la Agencia. En este sentido, ha citado el “affair del DNI de la infanta” Cristina, las “insinuaciones” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el fraude que estarían cometiendo actores y políticos o el “trato que se ha dado a los clubes de fútbol durante mucho tiempo”.

También las decisiones adoptadas en relación con los defraudadores incluidos en la llamada 'lista Falciani' ponen en evidencia esta situación, ya que la Agencia se limitó a abrir “procedimientos de control de cumplimiento de obligaciones formales”, dando así la oportunidad a estas personas de “regularizar” las cantidades defraudadas sin sanción.

“Fue el caso, entre otras, de un famoso banquero español y de su familia, que se dieron cuenta de que se les había olvidado declarar 200 millones y tras regularizarlos se quedaron sin sanción y sin delito fiscal. Si se hubiera abierto una inspección el caso habría acabado en un juzgado y, probablemente, con una condena por delito fiscal que conlleva hasta cinco años de prisión y hasta siete veces esos fondos en sanción. Pero no se hizo así”, ha lamentado.

“Todo esto deja muy mal a la AEAT”, ha insistido el presidente de Gestha, que contrapone estas decisiones con el trato “muy distinto” que se está dando, por ejemplo, a los jubilados emigrantes retornados, a los que se han practicado inspecciones e incluso sancionado por no declarar las pensiones que cobran en el extranjero y que, en la mayoría de los casos, son de pequeña cuantía.

Agencia quebrada

Finalmente, Cruzado ha asegurado que la AEAT es una “empresa quebrada” porque “apenas el 15% o 20% de las liquidaciones que practica salen adelante”, por lo que “la deuda pendiente ya está en más de 50.000 millones de euros”.

Además, el gasto destinado a la Agencia en relación con el PIB es apenas un tercio con respecto a lo que dedican países como Francia, y “cada vez hay menos efectivos” y la ratio inspectores-contribuyentes sextuplica la media de la OCDE. “Y otro dato elocuente es que el sistema de incentivos supone que más papel se saca, más se cobra. Se cambia la calidad por la cantidad”, ha añadido.

Todo esto se debe, fundamentalmente, a “cómo está estructurada” la entidad, que se dedica básicamente a “controlar a los controlados, a los contribuyentes que declaran rendimientos del trabajo, que son la mayoría y que es muy fácil porque sólo hay que cruzar datos para ver las pequeñas discrepancias”.

Y es que al análisis de los pequeños contribuyentes se dedica el 80% del trabajo de la Agencia Tributaria mientras que a las grandes empresas y los grandes patrimonios se dedica “muy poco esfuerzo”, lo que hace “difícil” que los inspectores puedan localizar sus fraudes o, incluso cuando lo detectan, que puedan “sacar adelante las inspecciones”.

“Es más, incluso si se consigue sacar adelante la inspección, los problemas de efectivos y objetivos pueden hacer que los expedientes se acaben perdiendo en los tribunales económico-administrativos, donde casi el 25% de las actas se echan abajo como consecuencia de esta forma de trabajar”, ha dicho Cruzado, concluyendo que “esto quiere decir que la AEAT funciona en contra de lo que dice la Constitución, porque el principio de igualdad está en entredicho”.