El Gobierno rebaja el umbral máximo permitido de déficit tarifario

El Gobierno ha decidido rebajar el umbral máximo permitido de desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico, conocido como déficit de tarifa, a partir del cual se activarán los mecanismos correctores, que fundamentalmente consisten en subidas de la tarifa.

Según el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso Efe, el límite de desajuste anual no podrá superar el 2 % de los ingresos del sistema previstos, frente al 2,5 % del anteproyecto.

En caso de superarse esa cifra, automáticamente se subirán los peajes, es decir, la parte regulada de la tarifa, como mínimo por el mismo importe que se haya sobrepasado.

El nuevo texto también incorpora un párrafo en el que indica que si se perciben “desviaciones transitorias entre los ingresos y costes” en las liquidaciones mensuales, éstas serán financiadas por todos los sujetos del sistema.

También como novedad, el proyecto apunta que las disputas entre empresas y consumidores que no sean aclaradas en “entidades de resolución alternativa de litigios en materia de consumo” podrán someterse a controversia ante al Ministerio de Industria.

El procedimiento, que se detallará en una orden ministerial, “deberá ser transparente, sencillo y gratuito” y obligará a “los sujetos del sector eléctrico” a someterse a él.

Con respecto al autoconsumo, el nuevo texto detalla que “todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida” cuando sus instalaciones estén conectadas a la red.

Añade que estos usuarios “estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo” que el resto de consumidores.

Entre otras modificaciones técnicas, el proyecto señala que entre los suministros esenciales que no podrán interrumpirse en caso de impago figuran el alumbrado público, las instalaciones defensivas, los centros penitenciarios, los transportes públicos o los centros sanitarios.

El proyecto de Ley del Sector Eléctrico pretende reorganizar el sector para evitar la generación de déficit tarifario, que ha generado una deuda que supera ya los 26.000 millones de euros.