El nuevo Gobierno Vasco deberá decidir sobre impuestos, gastos y deuda

El Gobierno Vasco salido de las urnas del 12 de julio tendrá que dar respuestas a los tres dilemas básicos de la economía: lo que se gana, lo que se gasta y lo que se pide prestado, que en lo público se traduce en decidir qué impuestos se suben, dónde gastar más y dónde recortar, y cuánto endeudarse.

Euskadi había tardado una década entera en recuperar la economía hasta los niveles de 2008, el máximo histórico, en especial en el número decisivo: el nivel de afiliados a la Seguridad Social, donde rozó la cifra mágica del millón: 980.596 en diciembre.

Los trabajadores con empleo y las empresas con beneficios pagan impuestos. Con esta bonanza, el Gobierno Vasco ingresaba más que lo que gastaba, pero todo cambió de golpe en marzo de 2020 por el coronavirus.

En mayo los afiliados a la Seguridad Social se han quedado en 946.886 cotizantes, pero, en realidad, hay mucha menos gente trabajando, ya que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) salvaron el empleo de doscientos mil trabajadores vascos.

Trabajadores sin empleo y empresas cerradas, aunque sea temporalmente, se traduce en menos impuestos: el cálculo es que las instituciones vascas recaudarán este año un 18 por ciento menos. En dinero, el Gobierno Vasco dejará de ingresar unos dos mil millones.

Respecto al presupuesto de este año, que es de 11.774 millones, un “agujero” del 20 por ciento. La gran pregunta para el nuevo Ejecutivo será cómo cubrirlo.

Ganar -recaudar- más es imposible, ya se admite esa bajada del 18 por ciento, pero sí se puede amortiguar la caída subiendo impuestos. Hasta la patronal Confebask sugirió subidas temporales del IRPF y de Sociedades para paliar la crisis, un movimiento que le costó críticas internas y que ha desechado.

Ya se debatía una reforma fiscal antes de la crisis. Ahora, con más motivo, pero en plena precampaña electoral, los partidos no van a anunciar subidas de impuestos. En cuanto pasen las elecciones, se hablará largo y tendido de ello.

Va a haber otra fuente de ingresos: las ingentes ayudas de la Unión Europea, pero todavía no se sabe qué cantidad llegará a España y luego a Euskadi.

La segunda pregunta a responder es si gastar menos... o no. La famosa austeridad, que Euskadi ha descartado como avanzó el viceconsejero de Economía, Alberto Alberdi.

Puede haber recortes puntuales o “contención” en los salarios públicos, pero, como anunció el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, las administraciones van a tener que gastar más -el 5 por ciento en 2021-, para mantener la economía.

Parte de la factura la pagará el Estado, gracias al dinero extraordinario para financiar los gastos sanitarios de la pandemia, o el nuevo ingreso mínimo vital. Tampoco se sabe cuánto se ahorrará Euskadi con estas dos partidas, pero ayudará.

Así las cosas, con menos recaudación y más gasto, habrá déficit, que se soluciona como en cualquier casa: pidiendo prestado, endeudándose. El déficit de cada autonomía se pacta con el Estado, y Euskadi estaba tan bien que justo antes de la pandemia, en marzo, acordó un déficit cero para este año. Ahora hay que negociar de nuevo, algo que ocupará las próximas semanas.

Euskadi parte de una situación de deuda baja -el 12 por ciento del PIB-, lo que deja un colchón para poder recurrir a los créditos, sin olvidar que, aunque los intereses estén muy bajos, hay que pagarlos. El nuevo margen de endeudamiento será quizás el último pacto que deje en julio el actual Gobierno al siguiente.

Un nuevo Ejecutivo que se va pasar el otoño mirando la cifra clave, “la gran incógnita” como la ha definido el presidente de la patronal vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño: Cuántas personas serán sacadas del ERTE para ser incorporadas de nuevo a la empresa y cuántas acabarán convirtiéndose en ERE o en despidos por la escasa actividad de la compañía.

Roberto Cubero