Greenpeace exige que Next Generation no financie el sector del gas

Madrid, 10 jun (EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha presentado hoy un informe en el que afirma que “reforzar” el uso del gas en España a través de los fondos 'Next Generation' de la UE “agravará la crisis climática” y ha exigido fijar una fecha para el fin de su uso como combustible, demandando “una mayor regulación y ambición climática”.

El documento, titulado 'Por qué lo llaman gas natural cuando quieren decir gas fósil. Radiografía del gas en España', asegura que “el mal llamado gas natural es en realidad un gas fósil” compuesto mayoritariamente por metano, un hidrocarburo “con un potencial de calentamiento global 84 veces mayor que el CO2 medido en un período de 20 años” por lo que “el planeta no puede permitirse una transición energética que dependa de él”.

Esta fuente de energía, indica Greenpeace, “se ha convertido en la segunda mayor fuente de emisiones de CO2” después del petróleo en España y en Europa y es “el combustible fósil que más crece en el mundo”.

Por ello, considera necesario establecer una fecha definitiva para el fin de su uso en el sector eléctrico “no más tarde de 2030” y, en el energético, “antes de 2040”.

Seguir asignando fondos para apoyar su uso, según la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Tatiana Nuño Martínez, implica que “corremos el riesgo de seguir financiando infraestructuras sobredimensionadas a través de subvenciones que perpetúan el uso del gas fósil”.

A su juicio las empresas de combustible fósiles “que ahora abanderan esta nueva revolución tecnológica quieren rentabilizar las inversiones que ya tienen” con el objetivo de “alargar la vida” de sus centrales e infraestructuras de gas“, según Nuño Martínez.

La organización ecologista considera que solo los proyectos de hidrógeno “que se hayan obtenido exclusivamente con energía renovable” deben ser financiados con los fondos europeos “como materia prima en la industria o para usos energéticos” y ello siempre que “no haya otra alternativa más eficiente”.

El informe cita el caso del Proyecto Castor, una “infraestructura fallida” que “pretendía ser el mayor almacén de gas fósil del país y fue paralizada tras registrarse más de 1.000 seísmos”.

Sus gastos de mantenimiento y la deuda generada “ascienden a 4.700 millones de euros, que están siendo pagados por la ciudadanía en la factura de gas”, recuerda.