El socio alemán de RIU sufre en Bolsa tras la imputación por corrupción del hotelero español en Miami

Las acciones de TUI, el socio alemán de la hotelera mallorquina RIU, cayeron este miércoles un 4,6% en la Bolsa de Londres, su mayor descenso desde mayo pasado, tras trascender el martes la efímera detención, el lunes, del copresidente y copropietario de la empresa española, Luis Riu Güell, acusado de corrupción en Miami (Estados Unidos).

Dado que RIU, la segunda hotelera española por ingresos y la tercera por número de habitaciones, no cotiza en bolsa, el retroceso de la cotización de su socio germano en Bolsa puede leerse como el efecto más palpable de la detención del presidente del grupo mallorquín, que supone una pata fundamental del negocio de TUI. Este tiene un 49% de sus acciones y ambas empresas comparten al 50% la sociedad de explotación hotelera RIUSA II, fundada en 1993. La familia Riu cuenta con un 3,4% del capital del grupo alemán y Carmen Riu, hermana de Luis Riu, es miembro de su consejo de supervisión.

Luis Riu está imputado en Estados Unidos por el supuesto soborno del ex director de Construcciones de Miami Beach, Mariano Fernández, al que la cadena española habría invitado ‘gratis total’, junto a algunos de sus empleados a sus establecimientos en esa ciudad, y al que había ofrecido además importantes descuentos en estancias en sus complejos en República Dominicana y México (en algunos casos, junto a su esposa, la juez de Miami María Ortiz), a cambio de agilizar la reforma de un establecimiento en South Beach.

El caso lo desgranaba con todo detalle el pasado 6 de febrero el Miami Herald, al dar cuenta de una denuncia de la Fiscalía y de comprometedores correos electrónicos enviados por el empresario español que apuntalarían la acusación de los sobornos. Pero no ha sido hasta esta semana cuando la noticia ha corrido como la pólvora por medio mundo, tras trascender la entrega voluntaria de Luis Riu ante las autoridades de Miami y quedar el empresario en libertad, previo pago de una fianza de 20.000 dólares. Los dos delitos de los que se le acusa están penados en Estados Unidos con hasta 15 años de cárcel.

¿Qué consecuencias puede tener este escándalo para RIU? Más allá del evidente golpe reputacional para el grupo hotelero, flamante propietario del Edificio España en Madrid, para el abogado especializado en asuntos penales Manuel Varela, socio en Washington del despacho Lewis Baach, “las repercusiones pueden ser gravísimas”, dado que la propia empresa está acusada como persona jurídica en este caso.

Como subraya Varela, “los bancos pueden empezar a retirarse de proyectos de financiación y van a tener preocupaciones porque se trata de un delito que suele estar relacionado con el blanqueo de activos”. Y “muchas veces cuando un individuo está acusado se retira de la empresa”.

En el caso de que se produjera una condena para RIU, que afirma que “estas acusaciones son totalmente infundadas y nuestros ejecutivos desean impacientemente probar su inocencia”, podría tener que hacer frente a una multa que sería proporcional al daño causado y, según El Confidencial, este escándalo puede comprometer seriamente sus planes de expansión en Estados Unidos.

Varela, vigués afincado desde hace décadas en Estados Unidos que en España representa entre otros a los hermanos Cierco (antiguos dueños del banco andorrano BPA) y al exministro venezolano Nervis Villalobos, recuerda que en el sistema americano no existe la exención de pena de cárcel que se concede en España a las condenas inferiores a dos años de presión.

Subraya que, ante este tipo de delitos, “en general, la condena es más fuerte de la que supondría un caso similar en España”, pero eso sólo en teoría. “La gran mayoría de los casos terminan con un acuerdo entre la Fiscalía y el querellado” y “en ese caso, la condena es muy inferior”.

José Piñeiro, director de la consultora especializada en auditoría forense FTI, coincide en que los americanos “son muy estrictos” en lo que atañe a las violaciones de la normativa anticorrupción de funcionarios públicos que emana de la Foreign Corrupt Practices Act, una ley que data de 1977.

Piñeiro sí cree que el sistema judicial estadounidense es “más amigable” que el español en relación a los plazos del proceso y la eventual rebaja de penas cuando hay colaboración de los acusados. “Si la justicia de EEUU percibe que hay una actitud colaborativa por parte del presidente de RIU y de la empresa como institución, serán tendentes a minorar las penas y multas; pero, para eso, es necesaria una colaboración clara por parte de la persona y la entidad”, concluye.