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Un nuevo impuesto a la banca y otras novedades 'de verdad' que ha lanzado el Gobierno

El Gobierno ha lanzado la última batería de medidas económicas

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El Gobierno ha aprobado el viernes un paquete de medidas de corte económico. Muchas de ellas habían sido ya anunciadas con anterioridad y solo han supuesto el empujón definitivo, como la privatización de AENA o los planes de garantía juvenil. Sin embargo, en la batería de medidas sí hay algunas novedades:

Un impuesto a los depósitos bancarios del 0,03%

Hacienda eleva el impuesto a los depósitos bancarios que ahora mismo está en el 0%. El Gobierno aprobó en diciembre de 2012 un impuesto al 0% para neutralizar la avalancha de tasas que estaban creando las comunidades autónomas. Catalunya, Extremadura y Andalucía ya tenían un impuesto (con un suelo del 0,3%) y Asturias se quedó a un paso de crearlo.

Este impuesto lo deben pagar los bancos y se recaudará por parte de las comunidades autónomas que tendrán así una compensación por la falta de ingresos. Con todo, el Estado tendrá que seguir aportando la diferencia a las tres comunidades que ya tenían un impuesto y que no recaudarán lo previsto por esta tasa inferior fijada por el Estado.

La referencia del Consejo de Ministros dice que la fecha de inicio es el 1 de enero de 2014.

Retención reducida a los autónomos por debajo de 15.000 euros

El Gobierno había anunciado que en julio entraría en vigor un tipo de retención reducida en el IRPF para los autónomos que tuvieran unos rendimientos netos del trabajo inferiores a los 12.000 euros. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que se beneficiarán de esta retención al 15%, frente al 21% general, los que tengan una renta de hasta 15.000 euros.

Exención de ciertos tributos para desahuciados y preferentistas

El Gobierno ha decidido anticipar al sábado la entrada en vigor de la exención en el IRPF y en el impuesto de plusvalías municipales de la ganancia patrimonial que se produzca después de una dación en pago. Según la actual normativa, la evidente situación de insolvencia que fuerza a un particular a entregar su vivienda de residencia al banco no le exime de hacer frente a las obligaciones fiscales que se derivan de las plusvalías que puedan existir en la operación. Surgen de la diferencia entre el valor al que se compró la casa y el precio al que se transmite la operación, y su eliminación era una demanda de asociaciones como la PAH.

La buena noticia es que la entrada en vigor de esta medida es retroactiva al 1 de enero de 2014 y a todos los ejercicios sin prescribir el IRPF, esto es, desde 2010.

Además, los rendimientos de capital negativos derivados de las participaciones preferentes se podrán compensar con las ganancias patrimoniales derivadas de las acciones que fueron objeto de canje una vez entre en vigor este decreto. Esto aligerará el pago de impuestos a los preferentistas.

Bonificación a las cotizaciones de los becarios 'académicos'

La ministra de Empleo ha anunciado que los jóvenes que cursen becas ligadas a estudios universitarios o a formación profesional mantendrán la cotización a la Seguridad Social, una cotización que el Ministerio de Educación había intentado suprimir en varias ocasiones. Empleo bonificará las cotizaciones de estos becarios, es decir, que no supondrá coste alguno para las empresas.

Más ciudades podrán liberalizar horarios comerciales

El Gobierno ha dado la calificación de ciudades de gran afluencia turística a diez urbes que se suman a las 14 definidas en 2012: son San Sebastián, A Coruña, Santander, Oviedo, Gijón, Almería, León y Jerez de la Frontera, así como Salamanca y Marbella (que ya cuenta con áreas con libertad de horarios comerciales). En el plazo de seis meses (a contar desde que entre en vigor la normativa), los ayuntamientos deberán delimitar lo que consideren zonas de gran afluencia turística, propuesta que tendrá que ser aprobada por la correspondiente comunidad autónoma.

Para ampliar el número de ciudades obligadas a contar con al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT) en la que las tiendas puedan abrir cuando quiera, el Ejecutivo ha rebajado los criterios implantados en 2012 para delimitarlas. Así, si antes se contemplaban ciudades con más de 200.000 habitantes y 1 millón de pernoctaciones, estos límites se rebajan a 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones. Hasta ahora, cumplían los criterios Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada y Cartagena (Murcia), Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. A estas se sumaron posteriormente, de forma voluntaria, Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres. Actualmente, según datos de Economía, España cuenta con 681 ZGAT en 526 municipios.

Tarifas aeroportuarias congeladas hasta 2025

Las tarifas aeroportuarias (que fija AENA) no subirán hasta el año 2025. El nuevo marco regulatorio, que acompañará a la privatización de Aena, establecerá los niveles de calidad de servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio y de inversiones así como las tarifas.

Límites a las comisiones de pagos con tarjeta

Aunque esta medida ya estaba anunciada, la vicepresidenta ha anunciado que se prohibirá expresamente que los bancos puedan repercutir comisiones de otra forma para compensar los nuevos límites. La nueva normativa afectará a los pagos con tarjeta de pequeño importe, de hasta 20 euros, en los que las comisiones serán más bajas, de 0,2% para las de crédito y 0,1% para las débito.

Esta normativa será aplicable en todos los pagos realizados en puntos de venta españoles en los que participe, al menos, un proveedor de servicios de pago español, incluyendo operaciones de comercio electrónico.

El Ministerio de Economía ha precisado que sólo afectará a los tradicionales sistemas de pago de uso generalizado entre los consumidores y no se aplicará a las tarjetas de empresa, corporativas ni en la retirada de efectivo en cajeros. Para garantizar el efectivo cumplimiento de las nuevas limitaciones, se prohíbe expresamente repercutir los gastos al ordenante para evitar cualquier compensación por parte de los bancos, ya sea en la cuota de emisión de las tarjetas o en otros servicios bancarios que pudieran verse incrementados indebidamente.

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