La industria paraguaya cree que el acta de Itaipú “actualiza” la compra de energía

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, expresó este sábado que el acta bilateral entre Paraguay y Brasil por la compra de energía de Itaipú supone “una actualización de algo que no se hizo durante varios años”, aunque criticó “la forma” en la que ambos países firmaron.

Volpe participó hoy en un acto en la sede de la UIP en el que intervinieron distintos expertos en cuestiones energéticas para explicar el funcionamiento de la contratación de energía a la represa compartida por Paraguay y Brasil, después del revuelo originado esta semana tras conocerse que Paraguay presentó en mayo un cronograma de contratación de potencia mensual hasta 2022.

Esta era la primera vez que Paraguay fijaba con anterioridad la compra de energía, ya que hasta ahora contrataba año a año, de ahí que Volpe insistiera en que se trataba de “una actualización”.

“Esto es un sinceramiento que para mí es fundamental para poder sentarse en 2023 (fecha de renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú) de igual a igual con Brasil que le permita a Paraguay tener una posición mucho más firme que si entramos ya con ciertas dádivas”, manifestó el presidente de la UIP.

El acta firmada entre Paraguay y Brasil el pasado mayo, aunque conocida por la opinión pública esta semana, también aumenta la cantidad de potencia contratada hasta 2022, lo que conllevará un mayor desembolso por parte de Paraguay.

La ciudadanía teme que ese gasto se traduzca en un incremento de su factura de la luz en los próximos años, algo que según Volpe también preocupa al sector industrial, para el que la energía es su “materia prima”.

No obstante, recordó que existen “muchas alternativas” y que Paraguay cuenta con otra represa hidroeléctrica, la de Yacyretá, en la frontera sur con Argentina.

Volpe apuntó que el aumento de la contratación de energía por parte de la estatal Administración Nacional de Energía (ANDE) a Itaipú en “ningún caso significa cambiar la estructura de los precios”.

En este sentido, el exdirector paraguayo de la Entidad Binacional de Yacyretá Ángel María Recalde puntualizó que “aparentemente” no existirá un aumento de tarifa ni una restricción a las obras de infraestructura energética y apuntó a que “Itaipú va a calzar financieramente” ese monto, estimado en unos 250 millones de dólares, que Paraguay tendrá que pagar por mayor contratación de energía.

Otro de los ingenieros presentes en el acto, el extitular de la ANDE Héctor Richer, también manifestó que “parece” que ese monto se asumirá a través de Itaipú.

“Si no es Itaipú, es el Gobierno. Esa es la negociación que ahora ANDE con el Gobierno debe ver internamente cómo calzar”, comentó.

Tanto Volpe como Recalde y Richer censuraron la falta de información en torno a esa acta bilateral, que no llegó hasta la ciudadanía hasta dos meses después.

En concreto, Recalde se mostró dolido por el tratamiento que se dio a los técnicos y por que el acta se elaborara en niveles diplomáticos, mientras que Volpe sostuve que hay que “criticar fuertemente” ese “secretismo” y agregó que “se podría haber hecho de otra manera”.

Por su parte, el ingeniero Richer aclaró que este documento no debe pasar por el Congreso, como reclama la oposición, que ve en el acta una renuncia a la soberanía energética del país.

“No se incumple ni el tratado, ni el anexo, ni las disposiciones (...). El acta es, simplemente, las bases, un marco para establecer un contrato de suministro de cuatro años para que todo esto sea más previsible”, señaló, y recordó que Paraguay “subcontrataba” energía.

La firma de esa acta y su difusión a la ciudadanía dos meses después ha provocado indignación entre la oposición paraguaya, que reclama más información al Gobierno, al mismo tiempo que desde el Congreso se ha conformado una Comisión Bicameral de Investigación para analizar el caso.

Asimismo, también ha hecho aparecer la sombra de un juicio político al presidente del país, Mario Abdo Benítez, al que acusan de entreguista y vendepatria.