La inversión del Estado en Cataluña cayó un 23 % en 2017, según los contratistas

La inversión del Estado en Cataluña cayó el pasado año un 23 %, hasta los 218 millones de euros, según la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), que ha calificado de “drama” esta situación y ha emplazado al Gobierno a cambiar su política inversora en esta comunidad.

El presidente de la CCOC, Joaquim Llansó, ha explicado hoy que el sector de la construcción creció el pasado año un 5,3 % en Cataluña, aunque sigue presentando valores muy inferiores a la media de los últimos veinte años.

La inversión privada lideró este crecimiento, con un aumento del 9 % de los metros cuadrados de edificación encargados, mientras que la licitación pública se mantuvo muy por debajo de las necesidades reales de la economía catalana, que la CCOC considera que debería situarse en el 2,2 % del PIB catalán, lo que se traduce en unos 5.000 millones de euros de inversión anual.

Sin embargo, la inversión pública sumó el pasado año un total de 1.690 millones de euros, “un tercio de lo que sería lo ideal”, ha detallado Llansó.

Aún así, esta cifra es un 49,4 % superior a la de 2016, impulsada por la mejora de las licitaciones de las administraciones locales, que crecieron más de un 90 %, hasta los 1.046 millones, y de la Generalitat, que se incrementaron un 43 %, con 426 millones, hasta representar una cuarta parte del total.

La inversión de la Administración General del Estado, en cambio, cayó en 66 millones (-23 %), hasta los 218 millones, incluyendo la de organismos con ingresos propios de explotación, como Aena, Adif, Renfe o Correos.

En rueda de prensa, Llansó ha destacado que este resultado no sólo es muy inferior a la media de los últimos diez años, sino a las expectativas que hace un año generó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Cataluña hasta 2020.

“La inversión pública es un drama. Lo que no puede hacer un Estado es estar en Cataluña con 200 o 300 millones de euros al año. Existe un tema clarísimo de falta de inversión, hace años que el Estado no está invirtiendo en Cataluña”, ha denunciado Llansó.

Los contratistas catalanes creen además que el Gobierno tiene “un problema de credibilidad”, ya que de forma reiterada ha anunciado inversiones en Cataluña que no se han cumplido.

Los empresarios tienen la sensación, no obstante, de que el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “ha tomado nota” de la situación y “es consciente de que el Estado tiene que cambiar su política respecto a Cataluña” e impulsar la inversión en infraestructuras.

Las previsiones de la CCOC apuntan a que en 2018 continuará la tendencia moderadamente alcista del sector privado, mientras que permanecerá la incertidumbre en el público debido a la falta de presupuestos estatales y de gobierno en Cataluña.

“No sabemos qué pasará en Madrid y en Cataluña y nosotros lo que necesitamos es estabilidad política, jurídica y económica”, ha remarcado Llansó.

Lo cierto es que el sector de la construcción “sigue lejos de la recuperación” y de la actividad que registraba antes de la crisis, pese a que existen indicadores positivos que constatan una mejora.

Los datos de la Encuesta de Población Activa, por ejemplo, apuntan a un aumento del 13 % en el último año de las personas ocupadas en este sector, con un total de 208.500 trabajadores en 2017, si bien hay que tener en cuenta que desde 2007 se destruyeron 240.000 empleos.

Entre 2008 y 2017, además, se perdieron 25.248 empresas de la construcción de uno o más trabajadores, el 53 % del total. En 2017 se empezó a revertir esta tendencia, al cerrar el ejercicio con 22.621 sociedades.

Para avanzar en la recuperación del sector, la Cámara de Contratistas plantea algunas propuestas, como establecer una licitación de obra pública regular, estable y sostenida en el tiempo, priorizar las infraestructuras en función de la demanda, simplificar y homogeneizar los procedimientos de contratación o lograr que las inversiones estratégicas cofinanciadas por la UE no computen como déficit público.

Propone además potenciar la colaboración público-privada y aplicar el criterio de “pago por uso” de las infraestructuras de alta capacidad.

La CCOC advierte asimismo del “riesgo” que supone que las administraciones públicas sigan aceptando ofertas “por debajo del coste de construcción” y se sobredimensione así el factor precio por encima de otras consideraciones de tipo técnico.