Mario Conde y su entorno reclamarán 51 millones al Estado tras ser exculpados

El expresidente de Banesto Mario Conde, sus hijos, Alejandra y Mario, y otra decena de personas reclamarán al Estado unos 51 millones de euros tras el archivo de la “Operación Fénix”, que investigó al exbanquero y a su entorno por once delitos, entre ellos el supuesto blanqueo de 13 millones de euros.

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la cuantía solicitada por Conde, que llegó a permanecer dos meses en prisión incondicional por estos hechos, supera ligeramente los 16 millones, mientras que su hija Alejandra, que permaneció el mismo tiempo en arresto domiciliario, reclama 10,5 millones, y su hijo Mario, 9,5 millones.

Está previsto que la reclamación, adelantada por La Información, se presente en los próximos días, como muy tarde, la semana que viene, una vez que queden justificados todos los gastos que se demandan.

En mayo de 2019, la sección tercera de la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez Santiago Pedraz y confirmó el archivo de la causa tres años después de que ésta diera comienzo, al considerar probado que los 13 millones no fueron blanqueados sino que procedían de unos fondos depositados en Suiza antes de que Conde fuera condenado por los casos Banesto y Argentia Trust.

La sala se hacía eco, de este modo, del informe pericial de la Agencia Tributaria, según el cual los ingresos se habrían producido en los años 80, tras la venta de la empresa Antibióticos y el cobro de honorarios de intermediación en la venta de Laboratorios Abelló.

Tales hechos, explicaban los magistrados, tuvieron lugar antes de que Conde “empezara a trabajar en Banesto y de que se hubieran producido las apropiaciones indebidas por las que fue condenado”, con lo que determinaron que los fondos no procedían de “una actividad delictiva”.

Se cerró así una investigación iniciada en abril de 2016, que requirió de numerosas comisiones rogatorias a países como el Reino Unido y Suiza, y que supuso el regreso a prisión del exbanquero, al que se atribuyó, además de blanqueo, pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales, al igual que el resto de investigados, que ahora reclaman ser indemnizados.