Paraguay termina el contrato con la constructora del Metrobús a espera de un arbitraje

El contrato del Estado paraguayo con la constructora portuguesa que debía construir el polémico sistema de transporte público Metrobús, finaliza hoy con las obras suspendidas y un litigio internacional a la vista por el que la empresa reclama a Paraguay los costos derivados de esa suspensión.

El proyecto, iniciado en la etapa del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y anunciado como la solución a la congestión del tráfico en Asunción y su área metropolitana mediante una red de carriles para autobuses, quedó suspendido recientemente por el Gobierno al menos hasta 2020.

Lo que pretende el Ejecutivo es realizar un nuevo estudio completo de la infraestructura antes de otorgar una nueva licitación que complete los trabajos.

La constructora que ganó la anterior licitación, la portuguesa Mota Engil, reclama ahora al Estado paraguayo el pago de 18 millones de dólares más de lo ya cobrado, por los gastos derivados de la suspensión de los trabajos y la habilitación de la zona de obras para el tránsito, pero la cartera de Obras Públicas rechazó el pago.

Por ello, el litigio deberá resolverse, según establece el contrato entre ambas partes, en un arbitraje internacional, tras el que si no se alcanza un acuerdo la empresa podrá recurrir a instancias judiciales.

De cobrarse esos 18 millones de dólares y sumados a los 21 que la empresa ya cobró mientras acometía las obras, según datos de la Contraloría General paraguaya, el monto total recibido por la compañía ascendería a 39 millones por una obra inacabada que, cuando se proyectó en 2015, fue presupuestada en 47,5 millones.

Las obras de los dos primeros tramos del Metrobús, que unirían la localidad de San Lorenzo y Fernando de la Mora (Gran Asunción) con la capital y que debían finalizar este domingo, no estuvieron exentas de polémica durante el año que duraron.

La población de las zonas afectadas se quejaba del caos circulatorio que generaban y los comerciantes de la pérdida de negocio, aunque el proyecto contaba con importantes problemas técnicos derivados de una planificación deficiente, según reconocen las propias autoridades.

Mota Engil suspendió los trabajos en octubre pasado tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno para resolver los obstáculos que, según la empresa, impedían el avance de las obras y el cumplimiento de los plazos, como las expropiaciones necesarias para acometer la infraestructura o el pago de las consecuentes indemnizaciones a los afectados.

El cese de los trabajos no pilló al Gobierno por sorpresa, que ya recibió un preaviso de la empresa en agosto, nada más tomar posesión.

El resultado del arbitraje sellará el final de lo que fue el proyecto estrella del anterior Ejecutivo de Cartes, que si llega a terminarse será bajo otra administración, con otra empresa y un proyecto reestudiado.