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Cuando el patrón es el Estado

De los 1.400 convenios que aún están bloqueados y que pueden perder vigencia el 8 de julio, 374 corresponden al sector público.

El pacto entre sindicatos y patronal para que los convenios bloqueados no caduquen más allá de esa fecha no afecta a las administraciones públicas.

Es el caso de los Puertos del Estado o del personal laboral de la Comunidad de Madrid.

El TSJM reconoce el pago de una parte de la extra al personal laboral de Madrid

Protesta del personal laboral de Madrid. EFE

El 8 de julio caducan cientos de convenios colectivos que estaban bloqueados y a los que la reforma laboral puso límites temporales para negociar. Hace un mes, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para evitar que pierdan vigencia mientras se negocia su prórroga. Sin embargo, hay unos 374 convenios bloqueados a los que su pacto no afecta: aquellos en los que el 'patrón' son las administraciones públicas. Si a comienzos de julio, trabajadores y Estado no han llegado a un acuerdo, su vigencia terminará y, con ella, la mejora de sus condiciones laborales.

Es el caso del personal laboral de la Comunidad de Madrid. Su convenio –que afecta a casi 30.000 personas– caducó hace ocho años, en 2005, y desde entonces no ha habido acuerdo para suscribir uno nuevo. "La Comunidad no quiere negociar, dicen que las demandas salariales están por encima de las posibilidades de lo que pueden pagar y quieren eliminar mejoras sociales, como el abono transporte", asegura el secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Madrid, Francisco López.

López no ve indicio alguno de que la Comunidad vaya a sentarse a negociar antes del 8 de julio, algo que le han pedido insistentemente los sindicatos. Es más, aseguran que el Gobierno regional ha insinuado su intención de dejar sin vigencia el convenio una vez que venza el plazo. "Les hemos entregado una carta para que abran urgentemente una mesa de negociación. Si al final dejan que el convenio decaiga, nadie sabe qué pasará ni qué criterio se aplicará a la nómina de julio", señala López.

"Nuestro pacto no compromete a las administraciones. En estos casos, son juez y parte: hacen la reforma y luego no cumplen su deber de negociar", confirma el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. De los 1.400 convenios colectivos que a día de hoy siguen bloqueados, 374 corresponden al sector público y afectan a unas 150.000 personas. "La mayoría son de ayuntamientos", asegura Ferrer. Por eso, las federaciones de servicios a la ciudadanía de UGT y CCOO se han dirigido a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para reclamar una solución a un problema que, de no solucionarse antes del 8 de julio, avecina más conflictividad laboral.

Otro caso es el de los Puertos del Estado: su convenio lleva bloqueado desde el 31 de diciembre de 2009. El interlocutor de los trabajadores es la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sus 5.000 trabajadores –personal laboral– se han movilizado en varias ocasiones por el temor a que el 8 de julio su convenio pierda vigencia y queden sin un marco regulador de referencia, salvo el Estatuto de los Trabajadores.

¿Por qué este bloqueo? "La parte que más ha costado era de la de incrementos salariales, no había forma. No quieren optar por un convenio con incrementos salariales basados en la productividad", explica Pedro Suárez, secretario general de la Sección Sindical Intercentros de Puertos del Estado. Finalmente, trabajadores y 'patrón' han llegado a un principio de acuerdo: el convenio actual se prorroga hasta diciembre de 2015 y, mientras, negocian su siguiente convenio. Eso sí, las negociaciones salariales siguen pendientes. "Cuando firmemos el nuevo convenio tendrá efectos retroactivos desde 2010", apunta Suárez.

Hay dos corrientes de interpretación sobre lo que puede suceder tras el 8 de julio con los convenios que decaigan: una que sostiene que se seguirán aplicando las mismas condiciones laborales que había antes, y otra, menos optimista, que apunta a que serán los mínimos que contiene el Estatuto de los Trabajadores los que rijan los derechos de las personas afectadas. En cualquier caso, los sindicatos insisten en que se abrirá un escenario de más incertidumbre y conflictividad.

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