La subida de pensiones enquista el Pacto de Toledo, que seguirá en septiembre

El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha enquistado el debate en la Comisión del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos en septiembre para intentar cerrar una serie de recomendaciones sobre la viabilidad de la Seguridad Social que deberían haber estado listas en julio.

Y es que tras casi ocho meses de debate en esta comisión por la que han pasado una treintena de altos cargos, expertos, técnicos o representantes de patronales y sindicatos, los grupos parlamentarios no han conseguido cerrar las dos primeras recomendaciones: las fuentes de financiación del sistema y la revalorización de las pensiones.

Lo cierto es que se trata de dos de las recomendaciones más importantes, ya que son las que deben garantizar la suficiencia del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

En el ámbito de la separación de fuentes de financiación hay coincidencia en que las bonificaciones o reducciones a la Seguridad Social se financien vía presupuestos generales de Estado con el fin de aliviar el déficit del sistema.

La portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Carolina España, insiste en que hay que dejar de financiar con las cotizaciones “las decisiones políticas de los gobiernos de turno, como las tarifas planas”.

También hay consenso en que la financiación de los gastos de gestión y operativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sean abonados vía presupuestos, aunque este importe -estimado en un principio en 4.000 millones de euros- se reduciría a unos 1.100 millones, según explicó recientemente la subdirectora general de Planificación y Análisis Económico-Financiero de la Seguridad Social, María Teresa Quílez.

Los partidos políticos también han avanzado en concretar que la financiación de las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) se mantenga dentro del sistema y no se financien con impuestos.

En este ámbito, todos están de acuerdo en que hay que “renovar” los criterios que rigen estas pensiones que varían en función de la edad y las cargas familiares.

Actualmente las pensiones de viudedad van desde los 6.760 euros al año (para menores de 60 años) a los 10.326 euros anuales (con cargas familiares).

Sin embargo, el principal escollo que ha paralizado el Pacto de Toledo está en el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que PSOE, Unidos Podemos o ERC quieren derogar para que los pensionistas vuelvan a ligar la subida de su prestación a la inflación.

La portavoz socialista en esta comisión, Mercé Perea, reitera que se “está produciendo una reducción del poder de compra de los pensionistas”, ya que en 2016 el IPC cerró en el 1,6 %, por encima de la revalorización mínima del 0,25 % que se produjo.

El PP y Ciudadanos están abiertos a reformar este indicador pero siempre que se mantenga el equilibrio financiero del sistema, cuyo déficit ronda los 17.000 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Empleo insisten en que “es el Pacto de Toledo quien señala el camino, y no el Gobierno”, y niegan que el actual IRP suponga que todos los años las pensiones se revaloricen obligatoriamente el 0,25 %.

“La revalorización de las pensiones dependerá de las decisiones que se adopten en el Pacto de Toledo y los acuerdos que en materia de ingresos adicionales puedan establecerse”, reitera Empleo, que puntualiza que “la condición necesaria para incrementos de pensiones viene determinada por la procedencia de los recursos necesarios para financiarlo”.

Recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reiterado que sin medidas adicionales, esa subida mínima garantizada por ley será la que se aplique, al menos, hasta 2022. Una senda que conllevaría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 7 %.

Al respecto, el Ministerio de Empleo considera que la AIReF se sitúa en un escenario “rígido e inflexible”, y afirma que el sistema cambia constantemente y que precisamente el Pacto de Toledo “está trabajando en nuevas recomendaciones” para obtener más ingresos.

Ciudadanos ha mostrado su disposición a presentar alternativas al actual IRP para que sean estudiadas por el ministerio y puedan debatirse en el Congreso a partir de septiembre.

De hecho, ya hay sobre la mesa propuestas como la de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que aboga por “blindar” la pensión mínima vinculando su crecimiento a la tasa de inflación.

El Ejecutivo explica que el IRP aprobado con la reforma de las pensiones de 2013 es un instrumento que no determina la revalorización anual de las pensiones sino que indica un resultado de acuerdo a un nivel concreto de ingresos y gastos.